13 de junio de 2017
13.06.2017

Ciudadanos se suma a Podemos a favor de reanimar la reforma electoral

Los dos grupos se oponen ahora a la posición del PSOE y sostienen que los reparos jurídicos son salvables

13.06.2017 | 12:50

El grupo parlamentario de Ciudadanos en la Junta se ha sumado esta mañana a las tesis de Podemos sobre la reanimación de la reforma pospuesta de la ley electoral asturiana. La formación naranja comparte, del lado de los morados y enfrente del PSOE, que ahora el proyecto tiene otra oportunidad. "Parece que hay partidos que no están por la labor de que salga adelante", ha lamentado la diputada de Ciudadanos Diana Sánchez sin nombrar a los socialistas, que componen con ellos e IU el trío de promotores de la propuesta pero que ahora se oponen a la oferta de Podemos de reactivarla volviendo a debatirla sin considerar los reparos que contra algunos de sus preceptos han manifestado los letrados de la Junta.

El PSOE, al igual que IU, consideran que las colisiones competenciales detectadas entre la reforma asturiana y la ley estatal recomiendan el aplazamiento del debate. Ciudadanos se sitúa, sin embargo, en una postura similar a la de Podemos, que hasta el momento no se había pronunciado, que no ve impedimentos legales para volver a debatir el texto original y que hace pensar a Diana Sánchez que ahora "nos parece que el acuerdo es posible". A su juicio, la formación morada "ha dado un paso fundamental adelante y ha demostrado que hay un margen de consenso" y remata considerando que no cabe invocar "los obstáculos de índole jurídica", que pueden ser subsanados en el debate de la ponencia.

La parlamentaria de Ciudadanos hizo su valoración después de repasar el contenido de las 38 enmiendas que su grupo ha presentado contra la ley de transparencia y buen gobierno presentada por el Ejecutivo del Principado. Al concluir el plazo de formalización de propuestas de corrección, la formación naranja plantea, entre otras modificaciones, que se incorpore a la norma un "estatuto del denunciante" que sin admitir la denuncia anónima proteja a quienes decidan poner en conocimiento de la Administración conductas supuestamente delictivas. Su criterio ofrece además que se establezcan unos principios para la buena administración y unos cauces para que ésta pueda ser evaluada por los ciudadanos y la institución de un registro de grupos de interés o "lobbys" que interaccionan con la Administración autonómica.

En este punto también confluye Ciudadanos con Podemos, que ha presentado en su caso 77 enmiendas a la ley de transparencia dirigidas, ha precisado su diputado Daniel Ripa, a obtener "más transparencia y mayor acceso a la información", así como a actualizar en general un proyecto que consideran "obsoleto" y más propio del siglo XX. No hablan de las medidas contra la corrupción que incluye la norma porque una de sus propuestas consiste en eliminarlas para que la regulación de esa materia se remita a la ley de oficina anticorrupción que ellos proponen y que se tramita en la Junta con una amplia oposición del resto de los grupos. A partir de ahí, sus propuestas se concentran, entre otros aspectos, en eliminar "las múltiples limitaciones al acceso a la información" que Podemos ha detectado en el Principado y en articular mecanismos de regeneración, como las medidas de control de las "puertas giratorias" para obligar a los cargos públicos a dar detalles de su actividad "hasta los cuatro años posteriores a su cese", precisando si esa ocupación "tiene relación con su actividad pasada".

Podemos reincide además en la necesidad de que se permitan las denuncias anónimas de supuestas irregularidades cometidas en la Administración para evitar represalias contra los funcionarios denunciantes y efectúa una corrección casi total del organismo de control previsto en la ley del Gobierno. Se trata, denuncia Ripa, de un instrumento "controlado por el Gobierno , con el mismo modelo de la actual Inspección General de Servicios, que por ejemplo no se enteró del 'caso Marea', en el que es el Ejecutivo el que supervisa su propia corrupción".

La formación morada incluye asimismo entre sus enmiendas una amplia batería de medidas sobre la transparencia de información económico-financiera, proponiendo que su propuesta de ley de cuentas abiertas se incorpore a esta legislación. Esto supondría, al decir de la diputada Lorena Gil, que de las cuentas bancarias de la Administración el ciudadano tuviera derecho a conocer la entidad, la sucursal o el número y de cada movimiento el destinatario, el concepto que lo motiva o el importe. Podemos reclama además menos trabas para el acceso a la información de de los datos sobre la suscripción de operaciones de deuda desde la Administración autonómica.

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