13 de junio de 2017
13.06.2017
La querella de la Fiscalía Anticorrupción

La Fiscalía cree que los robos en el Montepío comenzaron hace 14 años

Postigo y su mujer están acusados de inflar gastos y falsear facturas

13.06.2017 | 19:51
La Fiscalía cree que los robos en el Montepío comenzaron hace 14 años

La Fiscalía Anticorrupción cree que el expresidente del Montepío de la Minería José Antonio Postigo y su actual pareja se apropiaron de 303.250 euros de la mutualidad con facturas ficticias y aumentos indebidos del coste del servicio de limpieza, una actividad que se habría iniciado ya en el año 2003.

En la querella remitida al Juzgado, Anticorrupción señala que "las actividades delictivas que habrían dado lugar al incremento patrimonial" de Postigo tienen "como presupuesto el torcido desempeño" de los cargos que ostentó al frente del Montepío, especialmente durante su etapa como presidente entre 2006 y 2014. La Fiscalía apunta que, entre los años 2003 y 2005, Postigo incrementó indebidamente los costes de la limpieza en el residencial de Roquetas de Mar (Almería) en "al menos" 138.331 euros utilizando una empresa interpuesta entre el Montepío y la sociedad que realmente prestaba el servicio.

Además, cree que se concertó con su actual pareja, que dirigía el residencial del Montepío de Los Alcázares (Murcia), para "sustraer" fondos de la mutualidad mediante facturación ficticia a través de otra mercantil interpuesta. Con ello, según sospecha Anticorrupción, la pareja de Postigo resultó beneficiaria directa de 164.919 euros que fueron ingresados en su cuenta personal. La Fiscalía considera que Postigo abusó de su posición "presuntamente bajo el beneplácito" del entonces secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, que se "prevalió de su poder" para colocarle al frente del Montepío.

Fernández Villa y Postigo son dos de los dieciséis investigados en la Operación Hulla en la que la Fiscalía ve indicios de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y mercantil, fraude de subvenciones, trafico de influencias, apropiación indebida y contra la hacienda pública. La querella presentada con la Fiscalía apunta como origen principal de los delitos el proceso seguido para la construcción del geriátrico de Felechosa entre los años 2009 y 2012 que contó con una subvención publica de 31 millones con cargo a fondos mineros.

No obstante, Anticorrupción considera que Postigo pudo iniciar su "incremento patrimonial ilícito" en 2003 gracias a los diferentes cargos que desempeñó en la mutualidad. Anticorrupción inició esta investigación después de que el histórico líder sindical y dirigente socialista y el entonces presidente del Montepío se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, fondos que sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico.

Postigo adujo que se trataba de un dinero que tenía en casa pero la Fiscalía subraya que las percepciones económicas que percibió por su trabajo no pueden justificar la cuantía regularizada ni gran parte de las compras que hizo para él o su familia en ese periodo. Por su parte, Fernández Villa trató de justificar la procedencia del dinero por la herencia de su madre, argumento rebatido por Anticorrupción al cifrar en poco más de 29.000 euros la cantidad recibida por dicho concepto y al advertir de que su núcleo familiar nunca tuvo tal capacidad de ahorro.

Fernández Villa está inmerso en otra causa, en la que ya se ha decretado apertura de juicio oral, por la presunta apropiación indebida de 434.158 euros de fondos del sindicato. 

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