Villa se ha quedado a dos velas, después de que la jueza Begoña Fernández, titular del Juzgado número 3 de Oviedo e instructora de la "operación Hulla" haya ordenado embargarle todas las cuentas y propiedades. Según un escrito de su defensa, la anulación de sus tarjetas de débito le dejan a él y a sus familiares -que son quienes disponen de esas cuentas- sin medios de subsistencia, sin poder pagar la comida, la farmacia o los taxis. Además, su letrada asegura que no se le ha notificado aún el auto de medidas cautelares por el que se le embargan las cuentas y sus propiedades: un total de once, tres compartidas con su mujer, María Jesús Iglesias -también investigada en la "operación Hulla"-, y otras seis a medias con sus hermanos.

La petición ya fue realizada la semana pasada, concretamente el miércoles. La jueza Begoña Fernández le contesta sin embargo a la defensa de Villa que el auto de embargo de sus bienes se notificó a su procuradora -Laura Fernández-Mijares- el pasado lunes, 5 de junio, aunque le da un plazo de un día -una audiencia- para que comunique a qué cuentas no puede acceder, "toda vez que hasta el día de la fecha no se ha recibido en este Juzgado contestación por parte de entidad bancaria alguna identificando los productos a que se refiere".

Parece que la defensa de Villa va a continuar con la estrategia ya exhibida durante la instrucción de la querella del SOMA de recurrir todas y cada una de las decisiones del juez instructor. En el caso de la querella del SOMA, que instruyó el Juzgado número 2 de Oviedo, del que es titular Simonet Quelle Coto, todavía hay varios recursos pendientes de resolución por parte de la Audiencia Provincial de Oviedo.

La decisión de la jueza Begoña Fernández de embargar todas las propiedades y las cuentas de Villa y sus cómplices, de forma que solo puedan disponer de la cantidad de 6.000 euros, llegó poco después de que la magistrada Simonet Quelle Coto acordase bloquear una de las cuentas del exsecretario general del SOMA, con el fin de garantizar los 434.000 euros que reclama el sindicato. Fue el propio Villa quien ofreció el bloqueo de la citada cuenta, en la que hay 450.000 euros. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el SOMA adujeron que era insuficiente, puesto que, en virtud de la ley de Enjuiciamiento Criminal, aparte de la fianza, debe garantizarse un treinta por ciento más de esa cantidad con el fin de satisfacer posibles intereses y otros gastos derivados del proceso. De esta forma, Villa tendría que ingresar casi 580.000 euros.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los familiares de Villa le habrían ayudado a blanquear el dinero obtenido del Montepío. Después de regularizar 1,4 millones de euros en la amnistía fiscal de 2012, con la falaz explicación de que eran el producto de una herencia, una parte del dinero, 400.000 euros, los ingresó en una cuenta a nombre de su mujer, y otros 300.000 a partes iguales en cuentas de sus hijos, Ángel y Rolando Fernández. La jueza ha ordenado también embargar las propiedades de estos tres familiares: cuatro de María Jesús Iglesias, tres de Rolando Fernández y una de Ángela. Anticorrupción cree no obstante que Villa podría disponer de más dinero negro. Y es que, durante años, no se produjeron ingresos ni salidas de dinero de las cuentas. Durante ese tiempo tuvieron gastos de manutención e incluso la hija de Villa se compró un coche con dinero en efectivo.