14 de junio de 2017
14.06.2017

Villa maniobró en el Gobierno de Zapatero hasta lograr dinero para el geriátrico de Felechosa

Anticorrupción solicita al Juzgado que investigue a autoridades y funcionarios por presunta prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos

14.06.2017 | 01:53
Villa maniobró en el Gobierno de Zapatero hasta lograr dinero para el geriátrico de Felechosa
Villa maniobró en el Gobierno de Zapatero hasta lograr dinero para el geriátrico de Felechosa

El exlíder minero y expolítico socialista José Ángel Fernández Villa maniobró y utilizó su poder para "influir en la decisión de conceder" al Montepío de la Minería "una subvención a cargo de los fondos mineros de casi 31 millones de euros". Esta es una de las afirmaciones que figuran en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en la investigación con la que se pretende conocer el origen del enriquecimiento de Villa y del expresidente del Montepío, José Antonio Postigo. Según dicha demanda, existió "connivencia" y un "plan concertado" entre los 15 principales implicados en la presunta trama del "caso Hulla" para "lucrarse ilícitamente con fondos públicos" y "obtener ingentes cantidades de dinero, posteriormente aflorado al circuito financiero legal".

Anticorrupción ha solicitado además al Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo que investigue a las autoridades y funcionarios públicos que participaron en aquellos hechos por presunta prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía Anticorrupción explica en su querella que "la concesión de la subvención al Montepío presuntamente sirvió para el desvío y correlativo lucro económico ilícito de los querellados a costa de las arcas públicas". Añade que "la connivencia llegó hasta tal extremo de que mucho antes de que se aprobara la concesión de la subvención, y se evadieran los obstáculos de toda índole que impedían legalmente el desarrollo del proyecto, el Montepío ya había elegido y contratado a la empresa que iba a ejecutar la obra, que había comenzado sin que se dispusiera de recursos para sufragarla y sin contar con las autorizaciones preceptivas".

La investigación de los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Carmen García Cerdá concluye que la licencia de obra que autorizaba el proyecto de construcción de la residencia geriátrica de Felechosa era requisito imprescindible para conceder la subvención de los fondos mineros. Sin embargo, las obras comenzaron en mayo de 2009 y la licencia se concedió en septiembre de 2010. Para entonces se habían emitido ya 17 certificaciones de obra.

No sólo eso. Según su relato, el Gobierno de Zapatero aprobó modificar el decreto que regulaba la concesión de fondos mineros eliminando el límite del 1% pese a la oposición de la Abogacía del Estado y de la Secretaría Técnica del Ministerio de Industria. Esta decisión tuvo dos consecuencias fundamentales. Por un lado, se permitía financiar el 100% del proyecto, y por otro, se otorgó a la Mesa Regional de la Minería, en la que estaban el Estado, el Principado, el SOMA, la Federación Minera de CC OO y los ayuntamientos mineros, un papel "decisorio", y no sólo seleccionador de proyectos.

Fue la Mesa Regional la que acordó que para la residencia de Felechosa se destinaran 28.858.889 euros, cantidad que coincidía con la que cuatro meses antes figuraba en el anteproyecto que había presentado al Montepío el dueño de la constructora Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández, y que iba suscrito por el arquitecto Manuel Sastre. Según Anticorrupción, ambos mantenían una estrecha relación profesional, ya que el arquitecto cobró de la empresa del constructor al menos 107.473,45 euros entre 2004 y 2008.

El convenio para la concesión de los fondos mineros se suscribió en diciembre de 2009 entre el Principado, el Montepío y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) sin contar con las autorizaciones y licencias obligatorias, e incluyendo cláusulas que elevaban el coste global de la obra a 30.916.163,53 euros.

Es decir, "se falsearon y ocultaron datos esenciales para obtener la subvención", y además "el convenio se firmó simulando la concurrencia de los requisitos necesarios para ello", asevera Anticorrupción.

Para adjudicar la obra, "se creó un procedimiento de licitación ficticio" en el que participaron Postigo, el arquitecto, el asesor fiscal del Montepío, José Manuel Fernández, y el asesor jurídico, Rafael Virgós. Alcedo de los Caballeros presentó una oferta por 26.994.586 euros, y al mes de que se adjudicara incrementó el precio de su "supuesta oferta" en 1.864.302 euros alegando unas mejoras. Llegó así a los 28,8 millones de euros establecidos por la Mesa Regional de la Minería. En enero de 2010 hubo un nuevo informe de mejoras y modificaciones que elevó de nuevo la cuantía hasta casi los 31 millones.

Todo ello estuvo aliñado, además, con obras en la residencia vacacional del Montepío en Los Alcázares (Murcia) que se incluyeron como correspondientes a la construcción del geriátrico de Felechosa, pagándolos así con los fondos mineros de manera fraudulenta.

Según Anticorrupción, muchos de los elementos que figuran como ejecutados no se corresponden con los proyectado, contratado y liquidado porque se cambiaron o disminuyeron las prestaciones. Y el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón "no ha efectuado la comprobación material de la inversión a la que se destinó la subvención".

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