Izquierda Unida pretende que la futura Ley de Transparencia contemple la presentación de denuncias anónimas, como planteaba Podemos en su proyecto de ley contra la corrupción que fue finalmente rechazado. También proponen los miembros de la coalición la creación de una oficina virtual para demandar y recibir información, igualmente propuesta en su día por la formación morada.
La coalición ha presentado medio centenar de enmiendas a la Ley de Transparencia defendida por el Gobierno asturiano. El portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, explicó que entre sus propuestas se incluye la oficina virtual y la denuncia anónima, aspectos que "quedaron perdidos de la iniciativa de Podemos", que fue rechazada. También explicó Llamazares otra de las iniciativas de su grupo incluye la creación de mapas de riesgo de corrupción en las diferentes unidades de la Administración autonómica, basados en el modelo portugués, "y en algunos otros estados miembros de la UE y de América latina". Se trataría, en este caso, de un mapa de prevención de riesgos, según el cual cada una de las unidades administrativas señalarían dónde se encuentran los principales riesgos de corrupción, qué estrategia piensan seguir para reducir el riesgo y la creación de unidades de control de ese riesgo.
Según Llamazares, este procedimiento ha reducido de manera muy importante el riesgo de corrupción allí donde se ha aplicado y puso como ejemplo el caso de Portugal, que se sitúa entre los 40 primeros países del mundo, en materia de lucha contra la corrupción, al contrario que España, que ha perdido posiciones.
El portavoz parlamentario de IU agregó que hay otras comunidades autónomas como la de Andalucía que acaban de incorporar estos conceptos. "A la oficina antifraude le sumamos la oficina virtual para que sea posible dirigirse a la Administración de manera digital y también la denuncia anónima que proteja al denunciante", ha señalado el diputado de IU.
La otra novedad que plantea el grupo parlamentario sería el "silencio administrativo positivo". Así, cuando un ciudadano pida una documentación, si al cabo del periodo de la petición la administración no responde, en lugar de conllevar que no aportará la documentación, querrá decir lo contrario, que tendrá la obligación de aportar esa documentación.
A todo ello, la coalición de izquierdas suma la evaluación de políticas públicas, "que conlleva para que sean más eficaces y eficientes", a través de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, a la que se sumaría la Sindicatura de Cuentas para colaborar.
IU demanda también "la accesibilidad total" para las denuncias, de modo que su presentación no se restrinjan al medio digital, porque ello conlleva "una restricción del derecho a denunciar".
