La jueza Begoña Fernández ha ordenado investigar, a petición de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, los correos corporativos de Carlos Fernández Álvarez y Manuel Gómez-Cano Hernández, gerente y jefe de Infraestructuras del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), entre los años 2008 y 2014, con el fin de conocer posibles manejos en torno la concesión de la subvención pública al Montepío para la construcción del geriátrico de Felechosa (Aller). También requiere los correos tanto de José Antonio Postigo, expresidente del montepío, y su pareja, Dorina Bicher, que también trabajaba para la entidad mutualista.
