El presupuesto inicial de la ejecución material del complejo geriátrico del Montepío de la Minería en Felechosa (Aller) era de 10,1 millones de euros. Un mes después, la cuantía se había disparado a 28,8 millones, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Un incremento que no supo explicar el director de ejecución de la obra, Vicente Fernández García, aparejador del Ayuntamiento de Mieres durante los últimos 30 años, al declarar en calidad de investigado por los presuntos delitos de falsedad documental y contra la hacienda pública. Eso sí, admitió que a petición del Montepío certificó unidades de obra sobre el proyecto inicial que no se correspondían con las que realmente se estaban ejecutando, pero que se ejecutó al final de la obra.

Según su declaración, firmó una hoja de encargo con Alfonso X Arquitectos SLP, de Manuel Sastre, pero entonces el proyecto básico ya estaba redactado, aunque consistía en una pequeña memoria y planos. También explicó que a la hora de seleccionar a la empresa, el entonces asesor fiscal del Montepío, José Manuel Fernández, les dijo que no tenían que someterse a la Ley de Contratos del Estado, pese a que "era conocido que la obra se iba a financiar con fondos mineros".

Explicó que fue Sastre quien otorgó las puntuaciones a las empresas que se presentaron al concurso y quien expuso la valoración a la comisión técnica del Montepío. Y añadió que la oferta de la empresa Alcedo de los Caballeros, de Juan Antonio Fernández, era la más cara, pero la más completa. No recuerda los criterios de adjudicación con exactitud, pero "las mejoras eran importantes, principalmente en relación al spa, que se pretendía que fuera lujoso para que los mineros pudieran disfrutar los últimos años de su vida del máximo confort posible, del que no habían podido disfrutar hasta entonces". Y que el aspecto económico se valoraba menos que las calidades.

Vicente Fernández declaró que los incrementos en las partidas económicas se explican por las mejoras solicitadas por el Montepío. Pero que como la obra se contrató precio cerrado llave en mano y no podía ser otro, tenían que coincidir con el importe final. Esas mejoras se cobraron en la última certificación.