Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechan que existió una connivencia política para que el geriátrico de Felechosa obtuviese financiación con cargo a los fondos mineros cuando no sólo incumplía las condiciones para recibirlos sino que además gestionó de forma irregular las ayudas. Fue un esperpéntico paradigma de cómo la influencia política de un Villa "todopoderoso" impulsó, a juicio de los investigadores, un proyecto que no era más que una enorme máquina de generar "mordidas". En un informe de más de 300 páginas, los agentes detallan las irregularidades que rodearon la construcción del geriátrico, en el que una quincena de empresas pagaban comisiones ilícitas que iban del 3 al 20 por ciento, según los casos.
José Antonio Postigo, entonces presidente del Montepío, comenzó a impulsar el proyecto del geriátrico mucho antes de saber que estaría subvencionado, pese a que la normativa en aquel momento lo impedía, y aunque la entidad no tenía fondos para construirlo. Pero existía "el convencimiento pleno" de que se reformaría la ley "para dar encaje legal a la subvención y al proyecto", sostiene la UCO.
Para que se produjese todo ese cúmulo de despropósitos fue necesario también que en el ámbito político se permitiese una carambola jurídica para que el proyecto recibiese fondos mineros. Y por eso los agentes tratan de averiguar si hubo negligencia y "trato privilegiado" por parte de los responsables públicos que debían velar por la correcta administración de los fondos mineros.
La Mesa regional de la Minería, en la que estaba el propio José Ángel Fernández Villa en representación del SOMA, acordó incluir el complejo de mayores de Felechosa como "proyecto de singular importancia" y susceptible de recibir 28,8 millones de euros. La ley establecía que las entidades sin ánimo de lucro sólo podían recibir ayudas del 1% del total de los fondos mineros, algo que se incumplía con el proyecto del geriátrico. Por eso fue necesario un cambio legal a través de un real decreto. Los agentes han seguido la historia de esa modificación legal, que contó con reticencias de la abogacía del estado, para constatar que hubo "un trato privilegiado" al proyecto. Hubo "un cierto compromiso" para desarrollar el geriátrico y legitimar el acuerdo de la Mesa", de la que participaba Villa. Pero pese a la argucia legal, ni siquiera la subvención estuvo bien concedida, asegura la UCO.
Primero, porque las obras ya estaban empezadas; segundo, porque encima habían comenzado sin licencia municipal, por lo que nunca debió recibir ayudas, y tercero, porque Postigo trató de "colar" como gastos de la obra otros que no se habían llevado a cabo en Felechosa.
"Apoyo incondicional"
Los agentes no dudan en recordar el "poder" de Villa y resaltan las declaraciones de testigos que contaron cómo fueron los delegados del SOMA, con Villa a la cabeza, los que permitieron que Zapatero fuese elegido secretario general del PSOE. "Ese apoyo de Villa a Zapatero se verá posteriormente con el apoyo incondicional del (que fuera) presidente del Gobierno para lo que Villa quisiera", señaló uno de ellos.
Los agentes no tienen dudas de que la adjudicación de la obra al constructor amigo de Postigo, Juan Antonio Fernández estuvo amañada. Quienes valoraron las ofertas tenían relación con él y con la trama de comisiones ilegales. Más aún, incluso el constructor llegó a bajar el precio de la oferta para hacerla más competitiva. Aun así, fue la más cara y fue igualmente adjudicada. Y cuando ya la tuvo en su mano "simuló" un incremento de obra para volver a situarla en la cuantía que inicialmente había previsto y que curiosamente coincidía con los fondos que la obra iba a recibir. Los investigadores comprobaron la gran cantidad de movimientos en efectivo del constructor y hallaron una sociedad que consideran actuaba a modo de "pantalla": Posfer. La UCO resalta que aunque la empresa está a nombre del constructor y su esposa, el nombre coincide con la primeras letras de los apellidos Postigo-Fernández.
La UCO detalla las empresas que presuntamente pagaron comisiones durante la obra en Felechosa. Se trata de 15 firmas o autónomos que entre 2009 y 2012 realizaron importantes movimientos en efectivo y que, algunas, estaban vinculadas con el entorno del constructor. Según la UCO, una de esas empresas llegó a entregar a Postigo un vehículo para su pareja sentimental, Dorina Bicher. Fuentes de esta empresa negaron este extremo y aseguraron a LA NUEVA ESPAÑA que el coche fue pagado en efectivo.
