La Fiscalía Anticorrupción mantiene que el exlíder minero José Ángel Fernández Villa y su lugarteniente José Antonio Postigo continuarían distrayendo dinero del Montepío si no hubiera la "trama Hulla". Es más, asegura que el "modus operandi" utilizado durante la construcción del complejo geriátrico de lujo en Felechosa se estaba reproduciendo en el balneario de Ledesma, con adjudicaciones injustificadas para desviar dinero del Montepío a sus cuentas privadas.
Según las investigaciones, las mordidas exigidas por Postigo a subcontratas del geriátrico allerano oscilaban entre el 3 y el 20%, y los millones "distraídos" de los fondos mineros superarían los 15 millones de euros e incluso podrían acercarse a los 20. Más de la mitad del dinero obtenido de dichas subvenciones.
Anticorrupción entiende que el modelo utilizado en la construcción del complejo de Felechosa "le salió bien" a los principales implicados en la "trama Hulla" y lo copiaron posteriormente en el balneario de Ledesma, aunque no les dio tiempo a desarrollarlo ni intervenían fondos públicos. Sólo afectaría a los fondos propios del Montepío.
"Todo estaba amañado". Así de rotundos se mostraron los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Carmen García Cerdá durante los interrogatorios a los principales implicados en la supuesta "trama Hulla". Así, Villa y Postigo se habrían preocupado de que en la comisión técnica estuviera el arquitecto Manuel Sastre, para que fijara el presupuesto de la obra, las modificaciones, las cantidades que después se pidieron al Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) y para que se encargara de diseñar un concurso "ad hoc" para asegurar la adjudicación de las obras a la empresa Alcedo de los Caballeros, de Juan Antonio Fernández, "tan pequeña que se dudaba de que pudiera ejecutarlas".
Pero según la investigación, entre los años 2009 y 2013, es decir, durante la construcción del complejo de Felechosa, la empresa obtuvo unos beneficios presuntamente injustificados de más de siete millones de euros.
Según Anticorrupción, "esto no quedaba aquí. En 2013 se seguía intermediando con el IRMC y las actuaciones se repiten en Ledesma (el balneario), con adjudicaciones injustificadas para desviar dinero del Montepío".
Postigo, que según Anticorrupción mostraba "signos ostentosos de riqueza", tuvo que abonar a Hacienda en el año 2012 un total de 78.542,68 por infracciones fiscales entre 2007 y 2010. La cuantía se explica por un incremento de patrimonio injustificado superior a 150.000 euros al adquirir el expresidente del Montepío y la entonces su esposa, Elena Pérez, una serie de bienes sin disponer de la liquidez necesaria para afrontar dichas inversiones, según un informe de la Agencia Tributaria. En esa cuantía figuran 10.535.80 correspondientes a intereses y los pagó el 13 de diciembre de 2012. Sólo un mes después de aprovechar la amnistía fiscal para regularizar 436.100 euros. Pero no sólo eso. La declaración del IRPF correspondiente a ese mismo año le salió negativa y Hacienda le devolvió 1.465, 76 euros.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el concierto entre Postigo y el constructor Juan Antonio Fernández les llevó a utilizar varias empresas para desviar dinero del Montepío a sus cuentas privadas. Y que ambos llegaron a manejar una ingente cantidad de dinero en metálico cuya cuantía real se desconoce, igual que su paradero.
