Uno de los antiguos ingenieros de Mina La Camocha, José Luis Álvarez Fernández, declaró ayer en el juicio del supuesto fraude de subvenciones en la explotación minera gijonesa que el fallecido Víctor Zapico era el gerente de la empresa y quien tomaba todas las decisiones estando sólo por encima de él el propietario de la mina, el también fallecido Fernando Luis García Brugos.

El ingeniero fue propuesto como testigo por la defensa de Margarita García, apoderada de Mina La Camocha y que es una de las cuatro personas que están acusadas, además del presidente de la empresa, Manuel Martín; del administrador único de Hullas del Coto Quirós, Ángel Manuel García Brugos y del apoderado de esta última empresa y también de Trabajos y Explotaciones, Guillermo Alfredo Honrubia. El juicio, que se está celebrando en varias sesiones, es la repetición de otro que tuvo lugar en 2014 y que fue anulado. En aquella ocasión también se sentaba en el banquillo Víctor Zapico quien sostenía que él no era gerente sino un apoderado de la empresa. El dueño de la mina, Fernando García Brugos, imputado por el supuesto fraude, falleció antes de llegar a juicio.

El supuesto fraude consistía en la presunta reventa a la térmica de Aboño de unas 98.000 toneladas de carbón de cielo abierto o importado haciéndolo pasar por propio de Mina La Camocha. Se cifra en unos 17 millones de euros. Tuvo lugar entre 1998 y 2000, primero con la supuesta entrada a La Camocha de carbón de la mina de cielo abierto de Coto Quirós y después con la presunta importación por Trabajos y Explotaciones del carbón importado. Ambas empresas, según la acusación, facturaban a Mina La Camocha por otros conceptos el carbón que le suministraban.

En la sesión de ayer también se tomó declaración como testigos a varios de los transportistas que acarrearon el carbón importado desde los puertos de El Musel y Avilés hasta Mina La Camocha, donde lo descargaban, volvían a cargar los camiones en otra pila y emprendían rumbo a la térmica de Aboño.

Las defensas sostienen que los hechos no son delictivos y creen que están prescritos, cuestionan las cantidades que señalan las acusaciones y también defienden la no participación de sus patrocinados en las supuestas actividades ilícitas.