El Montepío de la Minería puede pasar de ser perjudicada en el "caso Hulla" a ser responsable civil, si se confirma que como entidad ha sido favorecida con los fondos mineros utilizados para construir la residencia geriátrica de lujo en Felechosa -supuso un aumento de su patrimonio-. Esto quiere decir que quizás se vea obligada a devolver todo o parte del dinero de las ayudas públicas destinadas al proyecto, que se elevaron a casi 31 millones de euros. Fuentes próximas al caso indicaron que "esto llevaría a la entidad a la quiebra".

La jueza instructora del "caso Hulla", Begoña Fernández, ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción de la petición del Montepío para personarse en la causa como acusación particular, al entender que ha sido perjudicada por el presunto desvío de fondos públicos que habrían realizado el exlíder minero José Ángel Fernández Villa y el expresidente de la mutualidad, José Antonio Postigo.

Además, el Montepío ha presentado otra demanda por administración desleal contra Villa y Postigo por el presunto desvío de fondos propios de la entidad. Una querella que ampliará a "toda persona y entidad" que se demuestra que ha podido perjudicarla.

La jueza instructora entiende que esta demanda es independiente de la que se refiere al presunto desvío de fondos públicos. Y aquí surge la cuestión. Asegura la magistrada que a la vista de los resultados de la investigación -que sigue abierta- y de las pruebas practicadas hasta el momento, el Montepío puede ser "favorecida por la subvención" y por tanto "podría resultar en el procedimiento responsable civil y en modo alguno perjudicada".

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo ha decidido dar traslado de la solicitud de personación a la Fiscalía Anticorrupción, para que informe sobre si es compatible que el Montepío se persone como acusación particular cuando puede ser responsable civil. En todo caso, la opinión de los fiscales no es vinculante y la decisión última será de la magistrada.

Además, la jueza ha ofrecido a la Abogacía del Estado que se persone en el "caso Hulla" como acusación particular en calidad de perjudicado, teniendo en cuenta que se sustenta en el presunto desvío de casi 31 millones de euros de subvenciones públicas a través de los fondos mineros. La tónica general en los delitos de fraude es que se persone para reclamar en nombre del Estado, según las fuentes consultadas.