El Montepío de la Minería celebrará mañana su asamblea general anual, pero no serán las cuentas del año pasado ni el presupuesto de este ejercicio lo que centrará la atención de los asistentes. Será el "caso Hulla", las medidas adoptadas por la dirección de la mutualidad y las consecuencias que para la entidad tendrá la investigación sobre la supuesta trama que presuntamente desvió fondos públicos y privados a sus bolsillos.
Las distintas fuentes consultadas coincidieron en que "puede ser una asamblea bronca; puede haber follón", ya que hay muchas voces críticas que exigirán dimisiones en la actual dirección del Montepío, algunos de cuyos miembros pertenecieron a la cúpula de la entidad en tiempos del expresidente y ahora investigado José Antonio Postigo.
El Montepío ha solicitado personarse en la causa como acusación particular al considerar que ha sido perjudicado, tanto económicamente como en su imagen. Pero esta petición va a ser analizada por la Fiscalía Anticorrupción antes de que la jueza instructora, Begoña Fernández, decida si la acepta o no, puesto que considera que en vez de perjudicada, la entidad se ha podido beneficiar, ya que ha incrementado su patrimonio a coste cero. Si es así, podría considerar su responsabilidad civil y condenarla a devolver los 31 millones de fondos mineros que costó la construcción del geriátrico de lujo en Felechosa. O al menos una parte.
La mutualidad también ha presentado una querella contra el exlíder minero, José Ángel Fernández Villa, y el expresidente de la entidad, José Antonio Postigo, y ha anunciado que será ampliable a toda persona u organismo que hubiera participado en los perjuicios causados al Montepío.
La asamblea, que se prevé multitudinaria, está convocada a las 11 horas de mañana en Oviedo.
