La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado el análisis de la documentación digital incautada en los registros practicados en los domicilios y empresas de los implicados en la presunta trama del "caso Hulla". Según las fuentes consultadas, se va a poner especial atención en el intercambio de correos electrónicos, una vez que la información recabada en la documentación que se requisó "refuerza de manera importante las tesis de los investigadores" sobre la existencia de dicha trama. También añadieron que siguen en el punto de mira el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) y el Ayuntamiento de Aller, por el abono de casi 31 millones de los fondos mineros y los "manejos" en la concesión de las licencias urbanísticas para que el Montepío de la Minería construyese el geriátrico spa de lujo en Felechosa.
La jueza instructora, Begoña Fernández, continúa tomando declaraciones en sede judicial a varios testigos que figuran en la querella de la Fiscalía Anticorrupción. Testimonios que, según las fuentes consultadas, refuerzan los resultados de las investigaciones practicadas hasta ahora, junto con los resultados de la documentación analizada hasta ahora.
Además, el pasado lunes los expertos de la UCO realizaron el volcado de los ordenadores que se incautaron en los registros practicados el pasado 30 de mayo en los domicilios y empresas del exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa; el expresidente del Montepío, José Antonio Postigo; el dueño de la constructora Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández; el asesor fiscal del Montepío, José Manuel Fernández, y el arquitecto Manuel Sastre.
Pero además, la jueza instructora extendió la investigación y el volcado a los correos corporativos de Carlos Fernández Álvarez y Manuel Gómez-Cano Hernández, gerente y jefe de Infraestructuras, respectivamente, del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), entre 2008 y 2014. El objetivo es aclarar quién o quiénes dieron las órdenes para eliminar el límite del 1% de inversión estipulado en el decreto regulador de la concesión de los fondos mineros ayudas públicas, además de eliminar los controles que la administración del Estado debería haber mantenido sobre la ejecución de las obras del geriátrico de Felechosa y la certificación de los trabajos.
A esto se suma que la construcción del complejo geriátrico se inició sin licencias municipales y que la CUOTA aprobó modificaciones puntuales en el plan urbano de Aller cuando las obras ya hacía meses que habían comenzado.
