La monitorización constante del paciente será la principal novedad que presentará el Protocolo de Atención y Seguimiento del Comportamiento Suicida, que formará parte de la nueva estrategia de Salud Mental 2017-2020, y que pretende dar respuesta a la alta tasa de suicidios en Asturias, región situada a la cabeza de este tipo de defunciones a nivel nacional. Las pautas que seguirá el plan comienzan con la detección de este tipo de conductas por parte de los facultativos de cualquier nivel clínico -atención primaria, urgencias o atención especializada- que deberán marcar un nivel de alerta en el sistema. A partir de aquí, empezará una monitorización "estrecha" del paciente, que no demoraría su inicio más de diez días desde la detección. Este seguimiento se extendería al menos durante un año, e implicaría a un equipo multidisciplinar. Una vez que el médico que lleva el seguimiento considere que el nivel de alarma ha descendido a parámetros no preocupantes, se pondría fin al mismo.
Se pretende que la reacción ante este tipo de casos sea exclusivamente sanitaria, subrayó Julio Bobes, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo. "Es un proyecto basado en la posibilidad de prevenir desde la clínica, sin apoyarse en otros sectores sociales como policías, bomberos, o maestros", precisó Bobes, quien apuntó la posibilidad de "crear una línea de atención telefónica que pueda servir como vía complementaria para la detección". Como contrapartida, el trato prioritario a estos casos "podría retrasar las listas de espera para otros pacientes cuyas patologías no son tan alarmantes", añadió el psiquiatra.
Se espera aprobar el protocolo a final de año, después de que la Junta General del Principado no le diera su beneplácito meses atrás, "por presentar muchas debilidades, falta de datos asistenciales, pocos indicadores y una validación externa inconsistente", señaló el doctor Bobes.
Entre tanto, el coordinador de los servicios de Salud Mental del conjunto del Servicio de Salud del Principado (Sespa), José Ángel Arbesú, indicó que el nuevo documento tratará de dar respuesta a las altas cifras de suicidio en el Principado, que en 2015 alcanzaron los 12,97 casos por cada 100.000 habitantes. "La clave es captar pacientes para poder tenerlos cerca y aplicar todos los conocimiento sobre conductas suicidas que estén en nuestra mano", explica Arbesú.
Los motivos que conducen a un importante número de asturianos a quitarse la vida "son difíciles de conocer, no hay uno único", indicó la psiquiatra Pilar Saiz, quien agregó: "Puede estar en relación con las altas tasas de enfermos de salud mental, de consumo de alcohol y drogas, y con la existencia de núcleos poblacionales aislados en Asturias".
Entre tanto, el portavoz de IU en la Junta, Gaspar Llamazares, denunció ayer la "lentitud de la Consejería a la hora de reaccionar ante los problemas". Arbesú justificó los plazos apelando a la necesidad de "mirarlo todo muy bien", ya que "estamos llevando a cabo una auditación externa meticulosa para que el Parlamento no vuelva a echarlo para atrás".
