La regularización de 1,2 millones de euros que realizó José Ángel Fernández Villa aprovechando la amnistía fiscal del PP del año 2012, hizo saltar las alarmas en la Fiscalía Anticorrupción. ¿De dónde había salido todo ese dinero que el exlíder minero había legalizado? Las pesquisas se centraron en las cuentas del SOMA, que el exlíder minero había dirigido con mano de hierro durante décadas. Pero simultáneamente el propio sindicato inició su particular investigación, con una auditoría interna en la que descubrió una presunta apropiación indebida de fondos de la organización. Eso provocó una demanda, que alcanzó también al exsecretario de la fundación Infide, Pedro Castillejo, y Anticorrupción se tuvo que retirar del conocido como "caso Villa".
Esa retirada no significó que la Fiscalía especial abandonara el caso. Las distintas fuentes consultadas indicaron que "hubo colaboración entre el sindicato y Anticorrupción, con intercambio de información y conversaciones sobre lo descubierto por una parte y otra".
Simultáneamente Anticorrupción descubrió, por las declaraciones de diversos testimonios, que podía existir otra fuentes de posible financiación para las arcas privadas del exlíder minero. Aprovechando la información recabada, empezó a solicitar documentación a la Agencia Tributaria, a la Seguridad Social y a distintos organismos y entidades financieras para seguir el rastro de los ingresos, gastos y declaraciones de Villa. Poco a poco, tirando del hilo descubrió el presunto fraude con los fondos mineros y la construcción del geriátrico de lujo de Felechosa, que derivó en la "operación Hulla". A eso se sumó que, "aprovechándose de su poder sindical y político", también se sospechara de las cuentas del propio Montepío de la Minería.
Las investigaciones se prolongaron durante años. En el caso del SOMA, avanzó mucho más rápido, al centrarse en un único ámbito: la organización. En la "operación Hulla" todo fue mucho más complejo, indicaron las mismas fuentes, sobre todo, al haber ayudas públicas de por medio.
