Las asociaciones de usuarios y familiares de los servicios psiquiátricos de la región, Hierbabuena y Afesa, han denunciado la "pésima gestión" de la fundación Fasad, empresa perteneciente al Principado y responsable de la oferta de vivienda tutelada para pacientes de salud mental. "La situación es insostenible por la nula disponibilidad de pisos tutelados donde los pacientes puedan vivir con cierta independencia", subrayó Carmen Soler, presidenta de Afesa. Entre tanto, José Ángel Arbesú, coordinador del conjunto de la salud mental del Principado, replicó que ésa no es la realidad: "Hay oferta suficiente, se ampliará si surge la necesidad, pero de momento hay una plaza vacante en Mieres, otra en Oviedo, y en Avilés vamos a ocupar en próximas fechas la plaza que tenemos", comentó Arbesú.
"Muchos están en la calle, porque como mucho reciben 400 euros al mes de ayudas, y con eso no les da para vivir. Además, no tienen el seguimiento necesario y acaban empeorando", afirmó Catalina del Riego de la asociación Hierbabuena. "En bastantes casos, si no están en la calle viven en hostales pagados por el Principado, donde no tienen supervisión alguna, o con sus familias, causando un perjuicio mutuo", añadió Carmen Soler.
Armando Fernández Bartolomé, diputado autonómico de Ciudadanos, señalaba la semana pasada, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, que uno de los compromisos que su partido habían exigido al Gobierno del Principado para dar su beneplácito a los presupuestos era aumentar la dotación de pisos tutelados para pacientes psiquiátricos como parte del nuevo Plan de Salud Mental 2017-2020. "Lo consideramos una prioridad, este tipo de pacientes necesitan poder gozar de una cierta independencia, siempre con la supervisión necesaria", afirmaba Fernández Bartolomé.
Otro de los problemas que aprecian tanto las asociaciones como el representante de Ciudadanos tiene que ver con las opciones que se ofrecen a enfermos psiquiátricos de entre 40 y 50 años. "El problema de la escasez de viviendas tuteladas se agudiza en casos de pacientes de mediana edad. Si no tienen familia que pueda hacerse cargo, acaban en residencias psicogeriátricas, que no son un lugar adecuado", proclama Soler.
Si la gestión de Fasad genera un consenso crítico por parte de ambas asociaciones, la llevada a cabo por la fundación Siloé, encargada de este servicio en Gijón, ocasiona disparidad de opiniones. "El problema es Fasad; en Gijón sí que hay plazas porque Siloé si lo está gestionando más o menos bien", asevera Soler. Catalina del Riego, de Hierbabuena, no lo ve de la misma manera: "Hay mucha gente que ni siquiera en Gijón está consiguiendo pisos. Tenemos una chica que acudió a nosotros por considerar que se encontraba sometida a los mandatos contraproducentes de un médico como condición para tener acceso a un piso", indicó del Riego.
Otro aspecto en el que coinciden las representantes de ambas asociaciones es en los perjuicios que provoca afrontar esta situación. "Esto es malo tanto para el paciente, que termina abandonado, como para la ocupación de las unidades de agudos, donde al final tienen que ingresar porque no se supervisa adecuadamente que tomen la medicación debida, ni que tengan las condiciones de vida adecuadas", sentencian Del Riego y Soler. La saturación de las unidades especializadas ha sido una de las preocupaciones de la Consejería de Sanidad, que ha tomado decisiones previas para dar respuesta al problema. Entre ellas, la implantación de psicólogos en atención primaria.
En el contexto de la elaboración del Plan de Salud Mental 2017-2020, ambas asociaciones han enviado a la coordinación del Sespa una serie de propuestas cuya inclusión consideran "fundamental". Por una parte, la elaboración de una memoria económica del programa, en la que se desglose la partida para las distintas áreas, y el impulso de medidas de integración social para el paciente psiquiátrico. Por otra, el incremento del número de pisos tutelados. Se trata de demandas que coinciden con las que Ciudadanos puso sobre la mesa para dar su respaldo a los presupuestos del Principado.
