La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advierte en un informe que hay 32 ayuntamientos españoles mayores de 5.000 habitantes "en riesgo de sostenibilidad financiera". Entre ellos figura uno asturiano: Salas, que presenta un ratio de deuda mayor del 75 por ciento de sus ingresos corrientes. Una situación conocida en el concejo, que lleva desde el 2012 bajo un plan de ahorro económico a diez años y que requirió la ayuda del Real Decreto de Proveedores. El Consistorio ha pagado ya más de cuatro millones de euros de deuda pero aún deben alrededor de cinco millones y medio de euros.

"Es una situación complicada, hemos reducido parte importante de la deuda pero todavía queda mucha pendiente. De todas formas, hemos cumplido y así nos lo comunica Hacienda,", destaca el Alcalde, Sergio Hidalgo (Foro). Es, precisamente, en la revisión positiva del Ministerio en lo que se basa el regidor salense para llamar a la calma: "Creo que estamos haciendo todo lo posible para ir saneando la deuda de más de diez millones que tenía el Ayuntamiento cuando entramos en 2011", añade.

También confiado se muestra el portavoz municipal del PP, Juan Carlos Rodríguez, quien cree que "habrá manera de sacarlo adelante". Rodríguez valora de forma positiva el esfuerzo de la Corporación por contener el gasto "ya que todos los años están quitando deuda". Mucho más crítica es la portavoz del PSOE, Flor Menéndez, quien rechaza "la excusa de la deuda pendiente heredada": "No cabe echar culpas al pasado tras seis años de responsabilidad en el Gobierno".

El informe de la Autoridad Fiscal también se refiere al Ayuntamiento de Gijón, al que pide la adopción de medidas ante el riesgo moderado de incumplir la regla de gasto al cierre de 2017. El Gobierno lleva tiempo luchando en este campo de batalla. De hecho, a mediados de 2016 saltaban todas las alarmas cuando se hacía oficial el cierre de las cuentas del año anterior. Un exceso de 1,2 millones en un techo de gasto previsto de 243 millones suponía el incumplimiento de este principio de la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Las consecuencias directas era que el Ayuntamiento debía elaborar un plan económico-financiero y quedar bajo la tutela del Principado de Asturias.

No pasó ni lo uno ni lo otro. Tras la revisión de la documentación se detectó un error que, solventado, eliminaba el incumplimiento. Los responsables de Intervención entendieron en esa revisión que no deberían haberse contabilizado a efectos de la regla de gasto los diez millones ingresados esos años desde la Unión Europea a cuenta de reembolsos del Programa Operativo Local (POL) de ejercicios anteriores. Gijón se salvó por los pelos. En cualquier caso, los problemas no llegaban entonces del presupuesto estrictamente municipal, sino en las empresas. Y sobre ellas se ejerció el máximo control durante 2016.