La condena a Marta Renedo se daba por descontada. La investigación del "caso Marea" se inició hace siete años y siete meses después de que una mujer descubriese que la alta funcionaria había usurpado su identidad y había movido 600.000 euros a través de una cuenta a su nombre. Sin embargo, podría haber salido peor parada con el fallo. La Fiscalía y el Principado pedían para ella diez años de prisión, que el resto de las acusaciones elevaban a treinta años. Todo se queda en nueve. Cinco de ellos son el delito continuado de falsificación en documento oficial y mercantil en concurso media con un delito continuado de prevaricación y otro continuado de malversación de caudales públicos. También por este delito se le imponen ocho años de inhabilitación. Por el delito continuado de cohecho se le imponen otros cuatro años de cárcel, inhabilitación por diez años y 480.000 euros de multa. La sentencia no habla de las inddemnizaciones que deberá pagar. En su caso, la Fiscalía solicitaba la devolución al Principado de 1,8 millones de euros.
A lo largo de la instrucción y el juicio celebrado entre abril y julio del año pasado, quedó palmariamente demostrado que Marta Renedo falsificó firmas de sus superiores, amañó contratos por servicios que no se realizaron y creó empresas falsas para desviar del Principado cerca de dos millones de euros. La actividad fraudulenta de la funcionaria se inició ya cuendo estaba destinada en la consejería de Bienestar Social, donde cobró subvenciones destinadas para los emigrantes asturianos en el exterior. Ya en Administraciones Públicas, su ambición creció amañando contratos de servicios de material informático para los que falsificó la firma del director de Modernización, Alberto Pérez Cueto, mediante un ingenioso sistema con transparecias. Hizo lo mismo cuando pasó a Cultura con la firma de Ana Rosa Migoya, lo que le valió a la entonces consejera una injusta imputación por parte del magistrado instructor Ángel Sorando. En esta consejería rizó el rizo tramitando un contrato para dotar de más de 200 papeleras al inexistente centro social de Belén de la Montaña, en Valdés.
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