El fallo del mayor caso de corrupción que se haya juzgado en Asturias hasta ahora no da la razón a nadie y deja contentos a casi todos, incluso a algunos acusados, aunque no puedan ni deban reconocerlo. El tribunal impone cuarenta años de cárcel a los siete principales encausados, para los que se pedían 56 años de prisión por parte de la Fiscalía y el Principado y hasta 162 años en el caso de alguna acusación. El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, la pieza de mayor peso que se sentó en el banquillo de la sección tercera de la Audiencia Provincial entre abril y julio del año pasado, ha sido condenado a seis años de prisión y el pago de una multa de 400.000 euros, frente a los diez y medio que pedía el ministerio público y la administración. La condena queda a años luz de los 30 años que interesaban otras acusaciones.

Su mano derecha, la exdirectora general de Planificación María Jesús Otero es la que recibe la mayor condena, nueve años y medio, y la que tendrá que pagar la mayor multa, dos millones y medio de euros. La exfuncionaria Marta Renedo, el primer objetivo de esta investigación abierta en febrero de 2010, tampoco sale bien parada, puesto que ha sido condenada a nueve años y una multa de 480.000 euros.

Esto en cuanto a los corruptos. Los corruptores que mulleron esta trama de contratos amañados y mordidas en la época del Gobierno de Vicente Álvarez Areces, los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (Almacenes Pumarín) reciben una condena relativamente benévola, seis años y medio de cárcel, frente a los nueve que solicitaban la Fiscalía y el Principado. Además, Muñiz deberá pagar una multa de 1,5 millones, y Sánchez, 1,9 millones.

Los otros dos empresarios que tuvieron un papel colateral, Maximino Fernández (Asac Comunicaciones) y Antonio José Azorín (Nora) reciben una condena de un año y nueve meses y un año respectivamente.

Y en cuanto a los otros seis implicados sentados en el banquillo por las acusaciones populares, solo resulta condenado el exjefe de compras del Ayuntamiento de Mieres, Francisco Javier Juárez, que deberá pagar una multa de 1.800 euros por cohecho. El resto sale absuelto.

En el fallo dado a conocer ayer también se hace mención al hijo del exconsejero Riopedre, Ernesto Iglesias. Aunque no fue juzgado, deberá pagar 99.000 euros de la indemnización que corresponda depositar al empresario Víctor Manuel Muñiz, al considerar el tribunal que se lucró con los contratos amañados. Los letrados calificaron de "chocante" e incluso "surrealista" que se haya dado a conocer el fallo y no la sentencia, que se entregará a los procuradores el próximo jueves a las diez de la mañana en un USB que previamente deberán presentar en la secretaría de la Audiencia Provincial. Este hecho inusual en Asturias, se debe a las limitaciones de Lexnet, el sistema judicial de notificaciones, que podrían dar problemas ante el volumen de la sentencia, de unos mil folios. Los letrados aseguraron que nunca han visto algo así, aunque el Tribunal Superior de Justicia sostiene que es algo habitual en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.