Sustanciada la responsabilidad penal, la oposición parlamentaria en la Junta pasó ayer mismo la petición de cuentas al terreno político. Con gradaciones diversas de intensidad y las reacciones enfocando al escaño de senador que ocupa el expresidente Vicente Álvarez Areces, el PP registró ayer una petición de comparecencia "inmediata" en la Junta para el jefe del Ejecutivo actual, Javier Fernández, y le impelió a depurar culpabilidades en su partido. "Quiero suponer", se equivocó ayer el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons, "que hoy mismo -por ayer- exigirá la dimisión de Areces".
Al decir de los populares, el "caso Marea" "no está cerrado pese a esta gravísima sentencia. En la administración del Principado no se indagó ni se adoptaron medidas para corregir lo que había pasado", asegura Cuervas-Mons, ni para conocer "el alcance real lo que nos ha costado este desfalco".
El portavoz de Podemos, Emilio León, encontró en este "fuerte varapalo para la 'generación Areces'" un motivo para atribuirse "la victoria de la gente decente", ya que "sólo Podemos", sostiene, "respaldó la causa hasta el final, dando continuidad a las acusaciones populares que nos precedieron e impidiendo que el Gobierno cerrase en falso el proceso". León entiende probado que "la corrupción es un problema estructural en la gestión de los Gobiernos socialistas".
La interpretación de Gaspar Llamazares, portavoz de IU, identifica en el fallo "un duro reproche social a la corrupción funcionarial, empresarial o política" y lamenta además que más de siete años después de destaparse el caso no se hayan puesto en marcha mecanismos políticos para garantizar medidas preventivas y de rechazo de estas prácticas desde unas instituciones que van "al paso de la tortuga".
Llamazares rechaza el bloqueo que sufren en la Junta la propuesta de ley de oficina anticorrupción de Podemos y la ley de transparencia del Gobierno mientras Nicanor García, portavoz de Ciudadanos, añade una invitación a apoyar su iniciativa de refuerzo de la Inspección General de Servicios. Es ésta una demanda transversal, que señala la urgencia de establecer mecanismos para "evitar que algo así pueda volver a ocurrir", y que en la voz de García también pide "más medios para la Justicia, porque no puede ser que hayan pasado más de siete años entre el inicio de la investigación y la sentencia". El diputado de la formación naranja entiende asimismo que el fallo sitúa "en el punto de mira" y en "una situación casi insostenible" a Areces, que ayer no atendió la llamada de este periódico.
La presidenta de Foro, Cristina Coto, se limitó a manifestar su "posición de absoluto respeto a las decisiones judiciales".
