Sin cerrar la cifra hasta poder entrar en la fundamentación de la sentencia, el Gobierno del Principado calcula que exigirá de los condenados por el "caso Marea" "no menos de cinco millones de euros". La aproximación la ha hecho esta mañana el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Martínez, después de reiterar la valoración en la que la administración regional se felicita por las condenas conocidas ayer a los principales encausados en la trama de corrupción que saqueó las arcas públicas en tiempos de los gobiernos socialistas de Vicente Álvarez Areces. Un cálculo "prudente" de lo que en la fase de ejecución de la sentencia reclamará el Principado "como mínimo" en concepto de resarcimiento por el daño causado se basa, según Martínez, en que "lo sustraído" por la antigua alta funcionaria Marta Renedo "asciende a 1.898.217 euros, más 460.132 obtenidos por favorecer a los empresarios" implicados en la trama. Además, la exdirectora general de Planificación Académica María Jesús Otero habría sustraído "un mínimo de 2.532.285 euros", a lo que habría que añadir las indemnizaciones por "los perjuicios causados en concepto de obras pagadas y no ejecutadas y mobiliario abonado y no suministrado o pagado a precios muy superiores a los que correspondía".

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El portavoz del Gobierno no aclaró si la Administración también reclamará ser indemnizado por el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre. "Debemos esperar a la sentencia", ha valorado Martínez, que quiso recordar que en este aspecto "hay también otra vía abierta en el Tribunal de Cuentas con exigencia económica a Iglesias Riopedre en la que el Principado también está personado y reclama cantidades". Hasta que no se conozca en su integridad la resolución, abunda, tampoco se decidirá si desde el Ejecutivo se reclamará el ingreso en prisión del exconsejero de Educación.

Guillermo Martínez ha dedicado la mañana a felicitarse una vez más por la sentencia y a responder a la petcición de responsabilidades políticas que ayer mismo hizo la oposición con el foco puesto sobre el expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces. "Fue el Gobierno de Areces el que puso estos hechos en conocimiento de la Justicia", repitió el Consejero, que quiso comparar la reacción del PSOE ante la corrupción con las de "otros partidos". "Ninguno de ellos", aseguró, "ha puesto el listón tan alto en la exigencia de responsabilidades y el cumplimiento de nuestro código ético". Respecto a la petición de comparecencia de Javier Fernández, Martínez puso al Gobierno "a disposición de la Junta" después de asegurar que sobre este caso el Principado "ha ofrecido información desde el primer minuto, tanto a iniciativa propia como a requerimiento de los grupos parlamentarios".

El portavoz del Ejecutivo se esforzó una vez más por reafirmar el compromiso del Gobierno con la colaboración con la Justicia y por dar por cierto que los controles administrativos son más férreos ahora que cuando se detectaron las tropelías de los condenados por el "caso Marea". Martínez asegura que el Principado está "dispuesto a avanzar" en su proyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno y a "mejorar el texto inicial con las aportaciones de otros grupos". En el apartado de los controles, el Consejero incluye entre los hechos probados la certeza de que el de Renedo, Otero y Riopedre fue "un caso aislado", "no una trama u organización numerosa como se ha querido plantear desde algunas organizaciones políticas" y asegura que con los mecanismos de control reforzados de hoy "sería prácticamente imposible que se repitiera".