La sentencia del "caso Marea" ya está en manos de los letrados. Y hay datos curiosos. La sección tercera de la Audiencia Provincial niega por ejemplo que los trabajos encargados a la empresa de Ernesto Iglesias, hijo del exconsejero Riopedre, supusieran un menoscabo a las arcas públicas, y rechaza que al exdirectora María Jesús Otero actuase a las órdenes de su jefe en los contratos adjudicados a Igrafo y Apsa, aunque éste supiese que estas empresas se veían favorecidas y quisiese que esa situación se mantuviese. No obstante, sí considera delito que el exconsejero se concertase con Otero para fraccionar los contratos que permitirían la realización de trabajos de Geotermia, un delito este, el del fraccionamiento, por el que curiosamente no se acusaba a Riopedre.

El fallo de la Audiencia rechaza todos los intentos de la funcionaria Marta Renedo Avilés de involucrar a sus jefes, como el exdirector general Carlos Madera o las exconsejeras Encarnación Rodríguez Cañas y Ana Rosa Migoya, de las cuales dice que su desconocimiento de los hechos y ausencia de implicación "es de una evidencia aplastante".