La mayor parte de los letrados prefirió no pronunciarse ayer sobre la sentencia, aduciendo que aún no les ha dado tiempo a leerla. Se trata de un texto de 1.079 folios, eso sí, de una claridad pasmosa y encomiable. El letrado de José Luis Iglesias Riopedre sacará un comunicado hoy haciendo su valoración.
De los empresarios, habló el dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, quien confesó que el fallo le sorprendió por un lado, pero otro tampoco le extrañó mucho. "Esperaba menos condena, pero teníamos claro que aquí lo teníamos perdido. Esta todo muy politizado. Ahora habrá que ir al Supremo", indicó el empresario. Muñiz también hizo una críptica alusión al hecho de que los medios de comunicación nunca han prestado atención "al origen" de todo este proceso.
El letrado de la acusación popular ejercida por la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), Esteban Aparicio, con buena parte de la sentencia leída, indicó que los magistrados de la Audiencia "parecen haber seguido el rastro del dinero, que es lo que se les pidió desde las acusaciones". Aunque echa de menos alguno de los expedientes, Aparicio sí señala que la sentencia "sí señala que las argumentaciones de las defensas son increíbles". Quita hierro, añadió, a "algunos deslices, como el agujero de 11 millones que se detectó al principio del juicio en el Alonso Posada", y que era fruto de un error de contabilidad.
En cuanto a Riopedre, "la sentencia deja claro que participó de forma consciente en el latrocinio, y que la finalidad era la de favorecer a su hijo". Aparicio confesó que se habían sentido con las manos atadas por la instrucción y el auto de procesamiento, que no dejó profundizar en aspectos como los negocios del hijo de Riopedre, Ernesto Iglesias. "Como dijo el juez, aquello no era una causa general contra la corrupción en Asturias y al final nos quedamos con lo que nos quedamos", constató.
El letrado de Podemos, Alberto Suárez, se mostró crítico con el fallo, porque exonera al Principado. "Está claro que Riopedre sale beneficiado de este fallo y me parece mal que se exonere al Principado, porque había un sistema estructural montado que era el caldo de cultivo de estos fraudes. Los controles eran formales y nada más", indicó.
A Suárez, que fue uno de los letrados más interesados en imputar a la exconsejera de Cultura, Ana Rosa Migoya, le ha parecido curioso que la sentencia señale su "aplastante" ausencia de implicación en los hechos. "Parece raro que una funcionaria como Marta Renedo, que fue con Migoya a todas partes, actúe por libre", opinó.
La absolución de Riopedre por el delito de malversación le parece a este letrado algo incongruente, puesto que, "aunque no se produjo un quebranto económico en las arcas de la administración, sí se produjo de forma indirecta, porque las empresas implicadas incrementaron los precios cobrados al Principado". Y le quedan "ciertas dudas razonables de que Riopedre fuese realmente el cabecilla de la trama, estaba al corriente de todo".
Este letrado propuso celebrar anteayer martes, tras la lectura de los hechos probados en la Audiencia, la vistilla para decidir si se enviaba a prisión a los acusados, pero ese acto ha sido pospuesto para la semana que viene o la siguiente.
