Riopedre conocía que su mano derecha en Educación, María Jesús Otero, favorecía a las empresas de Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (Almacenes Pumarín). Y lo consentía. Hay dudas razonables de que conociese la mecánica, pero al menos en una ocasión cruzó la línea de la prevaricación y se puso de acuerdo con Otero para fraccionar unos contratos con el fin de beneficiar a Nora Proyectos, la empresa de Antonio Azorín -ligada por otro lado a Igrafo-, y pagarle el favor de subcontratar a Geogal, la firma de Ernesto Iglesias, el hijo del consejero. Él autorizaba el gasto. Son hechos probados, leídos ayer por el magistrado ponente de la sentencia del "caso Marea", Francisco Javier Rodríguez Santocildes. El juez no mencionó los viajes a Tenerife y Barcelona que le pagaron las empresas al consejero, se supone que porque no son delito.
Ayer se vivió en la Audiencia un nuevo episodio de esta sentencia por entregas que está poniendo a prueba los nervios de acusados y letrados. El día 1 se conoció el fallo que imponía 9 años y medio a Otero, 9 a Marta Renedo, 6 y medio a los empresarios Muñiz y Sánchez, 6 a Riopedre, un año y 9 meses a Maximino Fernández (Asac Comunicaciones), un año a Antonio Azorín (Nora) y 1.800 euros de multa al exjefe de compras de Mieres, Francisco Javier Juárez. La entrega de la sentencia se aplazó una semana, hasta el día 7, y luego hasta ayer. Los abogados esperaban tener una copia al final de la lectura de los hechos probados, pero se quedaron con las ganas. Deberán esperar a las nueve de esta mañana para que se vuelque en los USB que presenten los procuradores, que ayer se quejaban de esta historia interminable.
Quien esperase un tirón de orejas al Principado se llevó un chasco. No los hay en los hechos probados. Sí hizo referencia el magistrado a que es "imposible por el momento determinar el perjuicio" económico causado a la administración. Deberá determinarse en ejecución de sentencia.
Los hechos probados se ciñen en buena parte a las posiciones de las acusaciones. El juez indica además que ha quedado probado que Otero recibió la friolera de 1.066.000 euros de Igrafo y otros 883.000 de Almacenes Pumarín, en forma de regalos y servicios.
La lectura de los hechos probados comenzó con el capítulo dedicado a la funcionaria Marta Renedo, el más largo y prolijo. Santocildes pormenorizó los delitos, desde la subvención que recibió a nombre de la astur-argentina Pilar Fernández, su primer ilícito, por importe de 1.200 euros, hasta los 200.000 euros del contrato con Igrafo para dotar de 200 papeleras y mobiliario al centro social de Belén de la Montaña, en Valdés, pasando por las 34 facturas que la inexistente Oxiplans, de la que era administradora, cargó al Principado por trabajos ficticios. Maximino Fernández, que la conoció a través del exdirector general Carlos Madera, contrató a varias personas que trabajaron en centros del Principado. Para resarcirse, facturó trabajos ficticios al Principado. También hizo pagos a Renedo y al club de baloncesto en el que jugaba la hija de ésta, pero el juez cree que no está demostrado que ese dinero se detrajese del Principado.
Fotocomposiciones
La sentencia considera probado que Renedo falsificó, mediante fotocomposiciones, las firmas de sus superiores, como la exconsejera Rodríguez Cañas o el exdirector general Alberto Pérez Cueto. Creó cuentas nombre de Azucena Vega y Severina Blanco para canalizar el dinero desviado. Se reconoce el daño causado por Renedo tanto a Teresa Porrúa, hija de Severina -una mujer anciana que falleció pensando que su hija y su marido habían cometido una ilegalidad-, como a la cajera Azucena Vega, a la que la funcionaria acosó por teléfono y en persona al verse descubierta. En 2010 estuvo a tratamiento.
Los hechos probados también se detienen en los acusados que han sido absueltos. Indica que los regalos que recibieron fueron por su condición de funcionarios, aunque también señala que los hechos han prescrito.
Al final de la lectura, el abogado de Podemos, Alberto Suárez, pidió celebrar la vistilla para decidir si se manda a prisión a los condenados. Tras evacuar consultas con los otros jueces de la sección, Rodríguez Santocildes indicó que tendrá lugar la semana que viene o incluso la siguiente, para que los letrados tengan tiempo para leer la sentencia.
