Camilo Montes, alcalde socialista de Piloña entre 2007 y 2011 -año en el que fue expulsado de la FSA y encabezó la candidatura de IU al Ayuntamiento, e incluso concurrió al Senado-, ha aceptado esta mañana una condena de quince meses de prisión por prevaricación y falsedad documenal en la sección segunda de la Audiencia Provincial. Junto a Montes han sido condenados también también el exaparejador municipal Sergio José Álvarez y María Amabelia Meleiro García, apoderada de una constructora, que se enfrenta a una pena de cárcel inferior.
Al exalcalde y a la constructora se les acusaba de haber certificado el final de las obras de rehabilitación de las escuelas de San Miguel, sin estar terminadas, para no perder la subvención del Principado que las financiaba, unos hechos que se remontan al año 2009. La presunta irregularidad fue descubierta por la secretaria del Ayuntamiento de Piloña, que presentó la denuncia. El exaparejador es condenado como inductor de la falsificación.
El fiscal Alejandro Cabaleiro accedió a rebajar la pena inicial de tres años de prisión que solicitaba inicialmente al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas. Montes aceptó una pena de cinco años de inhabilitación por el delito de prevaricación, y quince meses de cárcel, una multa de 1.080 euros y un año de inhabilitación adicional por el delito de falsedad. Al resto de los acusados se les aplica la misma pena por el delito de falsedad. El fiscal Cabaleiro se mostró favorable a suspender el ingreso en prisión de los acusados, por no haber delinquido con anterioridad y haber abandonado sus cargos. Montes y Álvarez no deberán delinquir en los próximos tres años si quieren evitar la cárcel. María Amabelia Meleiro, no debe hacerlo en dos años. La magistrada presidente de la sección segunda de la Audiencia, Covadonga Vázquez, declaró esta mañana la firmeza de la sentencia.
El exalcalde, defendido por el letrado Ángel Bernal del Castillo, adujo antes del juicio que la obra finalmente se hizo y que la citada certificación era necesaria para el cobro de la subvención por parte del Ayuntamiento. La propia Fiscalía remarca que no se ha producido ninguna desviación de fondos, aunque sí la falsedad. El letrado de la defensa pedirá la libre absolución por este supuesto delito de gestión. Paralelamente a este proceso penal hay otro contencioso administrativo en el que la empresa reclama el coste de las obras realizadas.
El proyecto de las antiguas escuelas de San Miguel consistía en la rehabilitación del edificio y la sustitución de la cubierta, con el fin de habilitar cuatro viviendas sociales. El presupuesto para este proyecto era de 586.000 euros, de los cuales 240.000 procedían de la Administración regional. El plazo de ejecución era de cuatro meses una vez iniciada la obra.
El Juzgado de Instrucción de Infiesto ya sobreseyó en 2011 unas diligencias abiertas contra Montes tras las denuncias por prevaricación y contra los derechos de los trabajadores o la integridad moral presentadas por USO y la Inspección de Trabajo. A Montes se le acusaba de apartar de sus funciones de forma ilegal al jefe de obras municipal. En cuanto al aparejador, en 2014 fue suspendido nueve años por el Ayuntamiento por ejercer en la empresa privada, una sanción que ratificaron un juzgado de lo contencioso y la sala de lo contencioso administrativo del TSJA.
