26 de septiembre de 2017
26.09.2017

La alimentación artificial es un tratamiento y se puede eliminar, según la ley de muerte digna

Los expertos alaban la futura normativa del testamento vital, en la que un paciente podrá decidir sobre el final de su vida

26.09.2017 | 01:50
En primer término, Pablo Fernández, María Isabel Gancedo, Beatriz Martínez y Ramón Durán, y detrás, Miguel Presno, ayer en la Junta General.

La alimentación y la hidratación artificiales no son cuidados básicos, sino tratamientos, y como tal los facultativos pueden retirarlos si los pacientes o sus representantes lo deciden en los últimos momentos de la vida para acortar la agonía o, por ejemplo, en estados vegetativos. Así lo explicó el presidente de la comisión asesora de Bioética, Sergio Gallego, uno de los 16 expertos en las más diversas materias que comparecieron ayer en la Junta General para dar su opinión sobre el proyecto de ley "Derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de la vida". O dicho de otra manera, sobre la futura ley de testamento vital, en la que el paciente puede dejar por escrito cómo quiere que sea su muerte y que atención quiere recibir.

Más allá de aportar sugerencias sobre cuestiones técnicas a la hora de la redacción o de propuestas concretas, los expertos coincidieron en alabar la iniciativa de elaborar una ley que, explicaron, aportará seguridad jurídica a los profesionales, y dará más garantías a los pacientes y a sus familiares o representantes de que se respetarán sus derechos y voluntad. "Tener una normativa puede ayudar mucho a hacer las cosas de forma más homogénea y con más seguridad y tranquilidad", afirmó Pablo Fernández Muñiz, director del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Las principales novedades que aporta la ley son, según Javier García Amed, Profesor Asociado de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo, que recoge el papel de comités de bioética, que podrán ser consultados tanto por los profesionales como por los pacientes. También incluye un régimen sancionador en caso de infracción, lo que fue puesto en valor por el constitucionalista Miguel Presno. Pero además, es "un verdadero inicio" en el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido, añadió García Amed.

Los expertos reiteraron que estos casos no son motivo de debate puesto que el Parlamento asturiano no tiene competencias y el Código Penal los considera delito. Pero sí hubo debate, entre quienes se mostraron partidarios a adoptar iniciativas, como enviar una propuesta al Congreso y quienes se mostraron en contra.

Otra de los apartados destacados de la futura ley es que contempla que el paciente, en su fase terminal, tenga derecho a una habitación individual para estar con su familia. Y se propuso que se permitiera entrar a los menores de edad "para que puedan estar juntos y despedirse".

También centró el debate el desarrollo de los cuidados paliativos, que según la nueva ley, se deben ofrecer y aplicar a todos los pacientes por igual. En este sentido, los expertos remarcaron la necesidad de que se desarrolle su regulación para asegurar la financiación y la configuración de los equipos, que deben ser multidisciplinares.

Las representantes de los colegios de Psicólogos, María Isabel Gancedo, y de Trabajadores Sociales, Beatriz Martínez, reclamaron la inclusión de estos profesionales. Otros ponentes también plantearon la necesidad de que se contemple la asistencia espiritual, "que va más allá de lo religioso". "Los cuidados paliativos tienen una concepción integral para aliviar el dolor y preparar a la persona para la muerte", matizó García Amed.

Ramón Durán, catedrático de Derecho Civil, alertó del riesgo de caer en errores de concepto o jurídicos, como "establecer el derecho del primogénito". Luis Javier Rodríguez, presidente de Derecho a Morir Dignamente, reclamó un estudio sobre la situación actual y que se aplique la futura ley con eficiencia, eficacia y efectividad, para lo que se debe establecer un procedimiento que permita su evaluación.

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