El Tribunal de Cuentas acaba de estimar que la actuación de José Luis Iglesias Riopedre, al menos en lo referente a los trabajos de geotermia realizados por la empresa de su hijo, no causó menoscabo alguno a las arcas del Principado, en línea con lo que se mantiene en la propia sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial sobre el "caso Marea", que no obstante condena al exconsejero de Educación a una pena de seis años de prisión. Una sentencia que, a juicio de algunos juristas, resulta "sorpresivamente dura", ya que una pena tan alta casa mal con la ausencia de responsabilidades civiles. Por ese motivo, consideran que el fallo del Tribunal de Cuentas puede poner las cosas más fáciles para el recurso de casación que presentará en breve plazo el letrado de Riopedre, Sergio Herrero, ante el Tribunal Supremo, una vez que la Audiencia amplíe la sentencia, tal como le han solicitado la Fiscalía y el letrado de Avall, Esteban Aparicio. Hay quien indica incluso que el alto tribunal podría tener resuelto ese recurso para el verano que viene.
La vista de la demanda presentada por el Principado -y respaldada por la Fiscalía- contra Riopedre y la ex jefa del Servicio de Planificación, Consuelo Carrera Suárez, por irregularidades contables por importe de 210.000 euros, se celebró el pasado mes de junio en la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Riopedre estuvo defendido por el exministro José Manuel Otero Novas, quien logró demostrar que las tres facturas abonadas a la empresa Nora por obras no ejecutadas, en realidad correspondían a trabajos de geotermia que sí se llevaron a cabo en el instituto de Educación Secundaria de Infiesto, a finales de 2009 y principios de 2010. La propia sentencia de la sección tercera de la Audiencia establece que no hay pruebas de que el coste de las obras realizadas fuese superior al precio normal de mercado.
Las obras se contrataron para dar trabajo a la empresa de ingeniería del hijo de Riopedre, Ernesto Iglesias. Cuando la empresa Nora emitió los certificados de obras y las facturas correspondientes a la implantación del sistema geotérmico de calefacción, en la Oficina Técnica de la Consejería de Educación le comunicaron que no tenían fondos en la partida de inversiones, por lo que debían cambiar el concepto de las facturas para que se le pudiesen abonar con cargo a la partida de mantenimiento.
Por este motivo se emitieron tres facturas por trabajos inexistentes en los institutos de Infiesto, Rey Pelayo y Llanes. Para el Tribunal de Cuentas "los abonos corresponden al pago de las citadas obras (el sistema geotérmico del instituto de Infiesto), con independencia de que los conceptos expresados en las facturas no guarden relación con la obra pagada".
La que quizá no tenga tanta suerte en el Tribunal de Cuentas será Marta Renedo, a la que le reclaman 1,1 millones, el presunto menoscabo que causó a las arcas del Principado.
