Es una experta negociadora. Antes de ser ministra, estuvo al frente de la secretaría general de Agricultura y Alimentación de España, en dos etapas distintas, con un paréntesis en el sector privado. Isabel García Tejerina (Valladolid, 1968) formó ayer parte de un Consejo de Ministros que ya está en la historia de España por la trascendencia de las decisiones que adoptó para combatir el desafío secesionista del gobierno de la Generalitat. La víspera estuvo en Oviedo para acudir, por primera vez, a una ceremonia de los premios "Princesa de Asturias", una experiencia de la que, asegura, salió "maravillada".
- Cuando hace casi un año tomó posesión como Ministra, ¿se le pasó por la cabeza tener que destituir a un presidente autonómico?
-Lo cierto es que no. Estoy convencida de que nadie en España pensaba que el presidente de Cataluña pudiera hacer tanto daño a los catalanes y al conjunto del interés general. Volví a la política en 2012, como tanta otra gente, para contribuir a que España saliera de una situación económica muy difícil. Todavía queda gente para llegar a esos 20 millones de personas con trabajo y no lo perdemos de vista, pero estamos en el camino. Y cuando este problema empieza a ser menos acuciante, se nos cruza otro, enorme, para el bienestar de todos los españoles y, sobre todo, de los catalanes. Nunca pude imaginar algo así. Nunca pensé que el gobierno de la Generalitat fuera a violar absolutamente todas las normas, quitar el Estatut y saltarse la Constitución.
- ¿Aplicar el artículo 155 es un mal menor o la única salida que le quedaba al Gobierno central?
-Es el último recurso que quedaba. El Gobierno ha procurado prudencia y firmeza. Cuando se ha declarado la independencia estamos obligados a devolver el Estatuto y la Constitución a los catalanes. El artículo 155 es el mecanismo previsto en la Constitución para garantizar la unidad y el orden constitucional y es el que corresponde aplicar en estos momentos.
- ¿No cabe el riesgo de que la destitución del gobierno de la Generalitat ahonde aún más en esta crisis?
-Es muy importante precisar que no se retiran competencias a la Generalitat ni se suprime la autonomía. El gobierno catalán ha llevado a la situación al extremo, ha tensado tanto... El daño del gobierno de la Generalitat a la sociedad catalana es tan importante que nos obliga a todos a coser y reparar esta situación. Se ha sometido a Cataluña a una fractura en la convivencia y a una sangría económica. Tenemos que proteger a los catalanes y hay que volver a la normalidad, garantizando los tiempos menores y la proporcionalidad absoluta. Esta es una travesía que tenemos que pasar para evitar mayores daños a la sociedad catalana. Sólo, temporalmente, se aparta a las personas que quitaron a los catalanes la legalidad, la normalidad y la convivencia, a los responsables de lo que hoy se está viviendo en Cataluña.
- ¿Puede haber cambios en los días que restan hasta el pleno del Senado, que autorice la aplicación del artículo 155, o no hay vuelta atrás?
-Nosotros ya hemos remitido nuestro acuerdo del Consejo de Ministros y ahora le corresponde al Senado la aprobación de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y proteger el interés general. Ahora le toca pronunciarse al Senado.
- Habla de una travesía cuyo punto final son unas elecciones. ¿No teme que el gobierno catalán ponga en marcha unas elecciones paralelas?
-La Generalitat decidió no atender al requerimiento del Gobierno, al contrario de lo que hizo Canarias en 1989. Por lo tanto, el punto final son unas elecciones que se hagan con todas las garantías y con normalidad. La Generalitat ha demostrado que no ofrece ninguna garantía de respeto a la ley. Cuando alguien no respeta la norma, pierde la autoridad.
- ¿En seis meses dará tiempo a recobrar la normalidad en Cataluña para celebrar elecciones con garantías?
-Sí, ese es el trabajo al que no debemos dedicar todos ahora. La secesión es un problema que nos afecta a todos porque quiebra la unidad del Estado: el Gobierno, la oposición, el poder judicial, la fiscalía; los medios de comunicación tienen mucho que aportar. El viernes vivimos ese espíritu de concordia en los premios "Princesa de Asturias". Todos podemos poner de nuestra parte para que impere la convivencia. Estoy segura de que si esa es la disposición, lo conseguiremos antes que después.
- Rajoy ha situado el punto de inflexión en los acontecimientos del 6 y el 7 de septiembre en el Parlament . ¿Por qué no actuó entonces?
-El Gobierno ha pretendido en todo momento la prudencia y la firmeza, no exenta de responsabilidad. Y esto significa dar opciones a la rectificación. El objetivo del Gobierno, irrenunciable, era velar por la unidad de España y, también, evitar la fractura social. Los tiempos los ha marcado la prudencia, la firmeza y la responsabilidad. El Gobierno tenía que luchar contra la confrontación fabricada por la Generalitat.
- ¿Hubo proporcionalidad en la respuesta del Estado?
-Sí, te puedes equivocar más o menos pero se buscó en todo momento la proporcionalidad, la prudencia, la firmeza y dar opción a la rectificación. Pero ahora ya no queda otra alternativa que el 155, que también se aplicará con esos criterios. Es transitorio. Es el camino a recorrer para volver a la normalidad que nunca debimos abandonar.
- ¿El apoyo unánime y rotundo de las autoridades europeas a la unidad de España, que se ha visto en Oviedo, aminora el impacto negativo de las imágenes del 1-O?
-El viernes constatamos, una vez más, cómo la Generalitat ha estado engañando a los catalanes porque la independencia no es posible y no es buena. El propio Artur Más dijo "no estamos preparados". La independencia no es posible porque significa el aislamiento del mundo, como escuchamos repetidamente en los discursos del teatro Campoamor, y no es buena porque está trayendo problemas de convivencia y socio económicos, como la fuga de empresas, la paralización de inversiones y la caída del turismo. Toda actuación debe hacerse dentro del derecho, que son las reglas del juego. Uno de los premios fue a los "All Blacks", no se puede jugar al rugby sin respetar las reglas. Sin derecho no es posible la convivencia porque no hay seguridad y se derrumba todo, como hemos visto en Cataluña. Esas reglas también amparan y le piden a la Policía y a la Guardia Civil que velen por mantener la legalidad y eso es lo que se hizo el 1 de octubre frente a quien estaba incumpliendo la ley.
- Ha seguido muy de cerca los incendios que azotaron la pasada semana Galicia y Asturias. ¿A qué obedece el cambio de patrón, con el aumento de los grandes incendios?
-Las condiciones meteorológicas hacían muy difícil la extinción de los incendios. En el caso de Galicia, los medios aéreos no pudieron llegar por el viento y por el humo. Lo más condenable en Galicia y en Asturias es, me trasladan, el convencimiento en la intencionalidad de los fuegos. Y quien los provoca sabe que las condiciones meteorológicas van a dificultar mucho la extinción, por lo tanto la intencionalidad del daño es superior. Avanzaremos mucho cuando la sociedad condene a los criminales que prenden fuego.
- Se ha hablado incluso de terrorismo incendiario. ¿Tiene constancia el Gobierno de la existencia de redes organizadas?
-No porque nuestra labor es la extinción y luego colaboramos también en la restauración forestal. No es algo que corresponda al Ministerio de Agricultura. Pero quiero recalcar que necesitamos contar con la colaboración ciudadana para identificar a las personas que el pasado fin de semana sabían del riesgo al que sometían a Asturias y Galicia.
- ¿Cabe la posibilidad de que España plantee un frente común con Portugal ante la Unión Europea para pedir ayudas por estos incendios?
-El Ministerio está estudiando todas las posibilidades. Es verdad que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea está muy tasado, es para desastres que deben cumplir unas características muy bien definidas. Pero vamos a ver si cabe esa posibilidad. Y si no, el Gobierno ayudará a la recuperación de los daños.
- ¿Hay políticas para combatir la despoblación del mundo rural?
-El reto demográfico afecta a muchas comunidades autónomas, por eso se decidió hacer una estrategia en la Conferencia de Presidentes. Desde el Ministerio de Agricultura, el objetivo es trabajar por hacer un sistema agroalimentario competitivo, profesionalizado, capaz de atraer a jóvenes y que se gane más dinero con la agricultura y la ganadería. Pero no es lo único. También se requieren buenos servicios, algo en lo que las comunidades autónomas tienen mucho que decir. El Gobierno quiere apoyar la digitalización del mundo rural para tirar muchas barreras. Los jóvenes y las mujeres darán vida al mundo rural.
- ¿Cada vez resulta más complicado mantener el equilibrio entre preservar el interés de los ganaderos y la protección de especies como el lobo?
-Hay que trabajar por esa compatibilidad. Soy consciente de la preocupación de los ganaderos y se les tiene que dar una respuesta. El lobo siempre será una especie protegida en España. El lobo no sólo es un problema en Asturias, empieza a ser un problema en el sur del Duero. La Comisión Europea estará esta próxima semana en Castilla y León para analizar cómo afrontar la situación del lobo al sur del Duero donde la Administración no puede autorizar su caza. La línea de trabajo es mejorar los sistemas de prevención del ganado, para lo que hay ayudas del Ministerio a las comunidades autónomas.
- ¿Y habrá alguna línea para financiar la erradicación del plumero de la pampa, que invade el paisaje asturiano?
-Esta gestión compete a las comunidades autónomas pero me sentaré con el consejero del Principado para abordar su petición y ver de qué manera podemos juntar esfuerzos para hacer frente a esta especie.
