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Los economistas plantean financiar la dependencia con el impuesto de sucesiones

Expertos de Fedea califican el modelo de "low cost", de bajo coste y baja calidad, y destacan la labor del Principado para reducir la lista de espera

Los economistas plantean financiar la dependencia con el impuesto de sucesiones

España tiene un sistema de atención a la dependencia "low cost", es decir, de bajo coste y baja calidad, según consta en el segundo informe realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en el que se analiza la situación actual y la evolución durante los últimos años. Los autores del documento proponen rediseñar el modelo e incluso apuntan a la posibilidad de que se pueda sufragar a través del impuesto de sucesiones. En el caso concreto de Asturias, como en el resto de comunidades autónomas, el Principado corre con el mayor porcentaje del coste de la dependencia, mientras que el Estado aporta tanto como los usuarios a través del copago. También destaca la diligencia del Principado, donde la lista de espera es la tercera más reducida del país.

El estudio lo han realizado Sergi Jiménez-Martín, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y miembro de Fedea, y Analía Viola, analista de la fundación, contando con la colaboración del economista Guillém López.

Estos expertos sostienen que el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), implantado en 2007, "fue una estupenda idea, aunque pésimamente implementada", con una "infrafinanciación de los servicios y prestaciones", especialmente tras los recortes de 2012 y 2013, como consecuencia de la crisis.

El resultado es una "dependencia low cost". Y añaden que "si no queremos un sistema de bajo coste y baja calidad, debemos incidir en el rediseño del sistema sobre bases más sólidas, con reglas más claras y transparentes, con una financiación y fuentes de financiación predefinidas, donde los ciudadanos y los profesionales sean plenamente conscientes de sus deberes y derechos".

Plantean entonces algunas ideas de cara a esa búsqueda de financiación para un sistema con un aumento de la demanda si se tiene en cuenta el envejecimiento de la población. Se refieren así los expertos a la futura financiación autonómica, aún en pañales. Pero también apuntan a la posibilidad de "abrir la oportunidad de afectar la recaudación por el impuesto de sucesiones para sufragar, al menos nominalmente, los costes" de la ley de Dependencia.

Según el estudio realizado por los expertos de Fedea -fundación dirigida por el economista asturiano Ángel de la Fuente-, el actual sistema de dependencia tuvo en 2016 un coste global estimado de 7.293,4 millones de euros, de los que el Estado aportó 1.217,2 (el 17%), las comunidades autónomas 4.804,5 euros (el 55%) y los usuarios 1.217,7 millones (el 17%) a través del copago.

Las cifras en Asturias indican que el coste total fue el año pasado de 154,6 millones, de los que 25,2 procedieron de las arcas estatales (16%), la mayor parte, 102,3 millones (66%) la aportó el Principado, y el resto, 27 millones (el 17%), los beneficiarios a través de la fórmula del copago.

Estas cifras han sido extraídas de los dictámenes del Observatorio de la Asociación estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que en su estudio siempre han destacado el esfuerzo realizado por el Principado incluso durante los años más duros de crisis económica.

Los expertos también dedican una parte del estudio a lo que se denomina "limbo de la dependencia", que es la lista de espera para recibir las prestaciones o servicios a los que se tienen derecho por ley, pero que siguen sin recibirlo. Asturias se situaba, en junio de este año como la región más aplicada, sólo por detrás de Ceuta y Melilla, con un 4% y Castilla y León, con un 1%.

En el extremo opuesto se sitúan Canarias, Cataluña, Andalucía y La Rioja, con porcentajes de personas en el "limbo de la dependencia" que oscilan entre el 42% y el 30%.

Los autores del estudio indican que a nivel nacional las listas de espera se han reducido en los dos últimos años, después de que en 2015 se registrara un aumento que elevó la cifra hasta los 384.326 demandantes, aunque también matizan la influencia que supuso la entrada en el sistema de los denominados "dependientes moderados". En 2017, esta lista ha bajado un 20%, hasta los 316.112 ciudadanos, pero sigue lejos de los valores previos a 2015.

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