El exinterventor delegado en el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), Antonio Merino, declaró ayer que "la formalidad de la concesión" de fondos mineros para la construcción del geriátrico de Felechosa "fue correcta", ya que, a su entender, tanto el cambio de la normativa para otorgar la subvención como la propia concesión de las ayudas "fueron decisiones políticas". Aunque admitió que hubo "deficiencias administrativas de trascendencia", que fue lo que hizo que saltaran las alarmas, también señaló que no detectó "nada de lo que pudiera deducirse relevancia penal".

Merino, que rechazó hacer declaraciones a la prensa, compareció ayer como testigo-perito en el juzgado de Instrucción 3 de Oviedo, en el que se investiga la relación entre la construcción de la residencia geriátrica del Montepío de la Minería en Felechosa (Aller) y la fortuna acumulada por el exlíder sindical José Ángel Fernández Villa y el expresidente de la mutualidad José Antonio Postigo. En el "caso Hulla" también están como principales investigados el constructor del inmueble, el arquitecto, y el asesor fiscal de la entidad.

Las fuentes judiciales consultadas indicaron que el Fiscal Anticorrupción que investiga la presunta trama, Ignacio Stampa, fue "muy incisivo en sus preguntas" a Merino para saber si había detectado la comisión de ilegalidades durante su intervención, que provocó la paralización del abono de tres millones de euros de los fondos mineros al Montepío de la Minería. También hizo que se abriera un expediente por el que se le reclama a la entidad la devolución de más de 400.000 euros, aunque está paralizado hasta que se resuelva el "caso Hulla".

Merino, siempre según las mismas fuentes, insistió en que modificar la norma para eliminar el tope máximo del 1% de financiación de un proyecto -lo que permitió que se pagaran con fondos mineros la totalidad del geriátrico de Felechosa- como conceder la subvención al Montepío de la Minería "fueron decisiones políticas". Añadió que, a su entender, no era necesario sacar a concurso la adjudicación de la contrata, ni del arquitecto porque se trataba de una concesión directa, no sujeta a la Ley de contratos del Estado. En sus casi dos horas de declaración, también quiso dejar claro que las obras pueden iniciarse hasta cinco años antes de que se solicite o conceda la subvención, sin que eso suponga una ilegalidad.