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Un proceso selectivo marcado por las irregularidades

Veintitrés médicos tomarán posesión seis años después de iniciar la oposición

Los dos aspirantes que llevaron al Supremo las filtraciones de preguntas han obtenido plaza tras repetirse el segundo examen

Joaquín Alfonso Megido. LNE

El primer examen se celebró el 16 de abril de 2011 y las plazas se elegirán el próximo día 16, jueves. Seis años y medio tardará en resolverse el muy polémico concurso-oposición para acceder a 23 plazas de especialista en medicina interna en la sanidad pública asturiana. En realidad, la elección de puestos ya se había celebrado hace seis años, pero el Tribunal Supremo determinó en febrero de 2016 que en el proceso selectivo se habían producido irregularidades, de modo que algunos de los opositores se habían beneficiado de filtraciones de preguntas por parte de determinados miembros del tribunal calificador.

El Alto Tribunal ordenó repetir el segundo ejercicio, lo que implicó despojar de sus plazas fijas a los 23 facultativos que las habían ocupado. Ahora ya hay nuevos resultados: de los 23 que habían obtenido plaza en un primer momento, tres no la han conseguido en esta ocasión. De los tres que ocupan sus lugares, dos son los que habían llevado el caso hasta el Supremo: Jaime Costales Escudero y Carlos Costas Sueiras. La tercera beneficiada por la repetición parcial del proceso selectivo es Ana María Blanco Badillo.

Las 23 plazas se distribuyen por hospitales del siguiente modo: siete del Valle del Nalón, cinco del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), cuatro de Cangas del Narcea, tres del San Agustín de Avilés, tres de Cabueñes (Gijón) y una del Álvarez-Buylla de Mieres.

En la nueva clasificación, Joaquín Alfonso Megido repite como número uno, y María Dolores Colunga, como número dos. Megido es, desde hace años, jefe del servicio de Medicina Interna en el Hospital Valle del Nalón, pero tras la ejecución de la sentencia del Supremo había retornado a la condición de interino, incompatible -al menos sobre el papel- con ser jefe de servicio. Dolores Colunga trabaja en el HUCA. Entre tanto, Álvaro González Franco, "número dos" en el gobierno del área sanitaria de Gijón, había conseguido el octavo puesto en 2011 y ahora ha ascendido al sexto puesto. Azucena Rodríguez Guardado, quien se presentó como candidata a la dirección del área de gestión de Medicina Interna del HUCA, también ha ganado dos puestos: del noveno ha pasado al séptimo.

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) acaba de publicar la resolución para el nuevo proceso de asignación de plazas. Se llevará a cabo "en razón directa al orden de puntuación obtenida", indica la normativa. Aunque no se descarta que alguno de los opositores lleve a los tribunales también este nuevo resultado, por el momento llegará a puerto un concurso-oposición muy conflictivo y que ha generado fuertes tensiones en el colectivo de internistas de la región. El presidente del tribunal de la primera oposición, Victoriano Cárcaba, fue forzado por el Servicio de Salud del Principado (Sespa) a dejar la jefatura del área de Medicina Interna del HUCA al no renovarle la comisión de servicios concedida en 2010, lo que le obligó a retornar a su plaza en el Hospital Valle del Nalón. Además, su actuación en el concurso-oposición de 2011 está siendo objeto de una investigación judicial tras ser acusado por la Fiscalía de "presuntos delitos" de prevaricación, tráfico de influencias y violación de secretos en su papel de presidente del tribunal.

El doctor Cárcaba ha llevado a los tribunales la citada decisión del Sespa de retirarle la comisión de servicios. Alegó "desviación de poder" y "prevaricación" por parte de la Administración sanitaria. El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo ha dado la razón al Sespa bajo el argumento de que la Administración está dotada de competencias para adoptar "las medidas autoorganizativas que estime convenientes".

En su sentencia, que será recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el magistrado de lo Contencioso reprocha a Victoriano Cárcaba que en su demanda aportase una grabación de una conversación con el gerente del Sespa, José Ramón Riera, sin el conocimiento de este último. Según el juez David Ordóñez Solís, esta grabación "no parece que cumpla con los estándares éticos exigibles a los empleados públicos respecto de las relaciones con sus superiores".

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