Los ajustes, recortes y supresiones de entes en la administración del Principado suponen un ahorro de unos tres millones de euros anuales. La eliminación del Consejo Económico y Social, publicada esta misma semana por el Boletín Oficial del Principado, entrañará una rebaja del gasto de unos 800.000 euros, que era el importe del presupuesto de esta entidad en los último años.
La consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, declaró el pasado lunes ante la comisión parlamentaria de su área que la reordenación del sector público autonómico "ya está hecha" y sólo quedan pendientes de definir el marco jurídico global y la mejora de algunos procesos. El informe elaborado por el Ministerio de Hacienda en el conjunto de todas las autonomías concluyó que el Principado ha reducido el número de entidades del sector público, que han pasado de las 85 existentes en Asturias en 2010 a las 69 que contabiliza en enero de 2017. Ese mismo informe cifra el ajuste en puestos de empleo en 39, que han entrañado un ahorro de 1,1 millones de euros. "Hemos reordenado para fortalecer, no se trató de reducir por reducir", argumentó la titular de Hacienda, quien añadió que las dos leyes puestas en marcha por el Gobierno socialista en 2013 consistieron fundamentalmente "en la supresión, fusión, liquidación y modificación del objeto social" de entidades, fundaciones y entes dependientes del Principado. Entre las actuaciones derivadas de esas dos leyes, promovidas desde el Ejecutivo regional, figuran las extinciones de la Caja de Crédito de Cooperación Local, del Instituto Asturiano de Estadística, de la sociedad Parque de la Prehistoria, de la fundación hospitalaria Grande Covián y del consorcio para la gestión del museo etnográfico de Grandas de Salime. Además, la administración autonómica llevó a cabo fusiones de las que han surgido el ente público de comunicación y el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).
Sin embargo, la mayor parte del ahorro procede de otras medidas, promovidas a instancias del parlamento autonómico por la presión ejercida desde la oposición. Primero se aprobó la supresión de la Procuraduría General, una órgano asesor del Principado conocido como el Defensor del Pueblo asturiano, una institución que contaba con un presupuesto anual de 1,2 millones de euros. El ajuste más reciente es el correspondiente al CES del Principado, una entidad en la que estaban representados los agentes sociales (patronal y sindicatos), la Universidad y los ayuntamientos además del Gobierno autonómico.
