El Defensor del Pueblo ha reprendido al Gobierno del Principado requiriéndole para que convoque de forma inmediata los concursos de méritos que permitan legalizar la situación de centenares de empleados públicos asignados irregularmente por el método de la libre designación. La resolución, que resuelve una queja planteada por el colectivo Conceyu por otra Función Pública n'Asturias, afirma que "no está conforme con las explicaciones de la Consejería de Hacienda" y la emplaza a desarrollar el instrumento legal que le permita promover los concursos y cumplir así la serie de sentencias que anularon cientos de nombramientos de altos funcionarios ya desde 2013.
La decisión del Defensor del Pueblo deriva de la catarata de decisiones judiciales que pusieron en cuestión la política de provisión de puestos en la Administración autonómica desde los tiempos de la presidencia de Vicente Álvarez Areces y de la falta de remedios posteriores pese a los reveses de las sentencias. Los tribunales cuestionaron la preferencia abusiva del principado por nombrar "a dedo", convirtiendo un mecanismo legalmente excepcional en el más frecuente y anteponiéndolo sistemáticamente al concurso.
Desde aquella primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en 2013, "no se ha convocado ni resuelto válidamente" ningún procedimiento electivo con criterios de mérito y capacidad, subraya el colectivo denunciante. A cambio, los puestos que antes eran de libre designación se atribuyen ahora por el sistema excepcional de la comisión de servicios, "previsto para situaciones de urgencia, con el agravante de que buena parte de ellos superan ya el plazo máximo legal de duración, dos años". El Conceyu calcula que esa situación afecta a más de 700 altos funcionarios.
