La sentencia del "caso Marea" establece multas de entre dos millones y medio y 400.000 euros parta los cinco principales encausados. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial acaba de sacar un auto de ampliación en el que, entre otros aspectos, aclara qué ocurrirá si, como es más que previsible, los acusados no pueden hacer frente a esas multas. Habitualmente, en las sentencias se establece una responsabilidad personal de un día de prisión por cada dos cuotas de multa impagadas. Esas cuotas suelen ser entre dos y 18 euros, por lo general. En el caso de los condenados por el mayor caso de corrupción de Asturias, la Audiencia es más generosa. Solo tendrán que cumplir un día de prisión por cada 14.000 euros de multa impagados.
En el caso de María Jesús Otero, que ha sido condenada a pagar dos millones y medio de euros de multa, no pagarla supondrían 179 días de cárcel más a los que se le han impuesto, esto es, casi seis meses. Al exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, no pagar sus 400.000 euros de multa le valdrían 35 días de cárcel; a Marta Renedo (480.000 euros de multa), 39 días; al empresario de Igrafo Víctor Manuel Muñiz (1,5 millones), 108 días de cárcel; y a Alfonso Carlos Sánchez, de APSA, condenado a pagar 1,9 millones de multa, 136 días adicionales de cárcel.
Sin embargo, la Audiencia señala que "teniendo en cuenta la extensión de las penas de prisión ya impuestas y la naturaleza de los delitos cometidos -contra la Administración Pública- considera procedente" acordar que la responsabilidad personal subsidiaria "se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad". Al tribunal le parece "justo" que, puesto que la conducta de los acusados supuso "un ataque al buen funcionamiento de la Administración Pública, la responsabilidad personal se satisfaga "mediante la prestación de trabajos a la sociedad", obviamente, con el consentimiento de los penados.
Tras este auto de ampliación, se abre un plazo de tres días para las notificaciones, concluido el cual, habrá una resolución para fijar los plazos para presentar los anuncios de recurso ante el Tribunal Supremo.
