Han pasado casi cuarenta años desde que la Constitución consagró la igualdad entre hombres y mujeres, pero la desigualdad, y su expresión más brutal, la violencia de género, sigue campando. Y ello porque "siempre se encuentra algún tipo de justificación social a los casos de violencia, que no son una excepción, sino un problema estructural de la sociedad española, que tiene a miles de mujeres presas, y a miles de niños sujetos a esa barbarie", según aseguró Almudena Cueto, directora del Instituto Asturiano de la Mujer, en el debate sobre la situación de la violencia de género en Asturias, organizado en la tarde de ayer por el Colegio de Abogados de Oviedo, y moderado por la abogada del turno de oficio especializado en violencia de género María Martín, diputada de la Junta de Gobierno de la entidad.

Los operadores jurídicos invitados al debate reclamaron, por ejemplo, la puesta en marcha en Asturias de las unidades de valoración forense integral, ya aprobadas en 2004, que permitirían luchar contra los "delitos invisibles", como definió la fiscal delegada de violencia, María Eugenia Prendes, o el "maltrato de luz de gas, que no se percibe", en palabras del magistrado Francisco Javier Rodríguez Santocildes, de la sección tercera de la Audiencia Provincial. La fiscal, partidaria de poner el acento en la educación, admitió que sólo ha podido calificar dos o tres de estos casos "invisibles", por falta de una valoración adecuada. Las unidades permitirían además realizar una valoración del riesgo más acorde a la realidad. "Los forenses no suplen esa especialización que se precisa, esta carencia supone un fallo del sistema", indicó Almudena López, de Abogadas por la Igualdad, quien citó el caso del País Vasco, donde también se analiza al victimario para hacer una valoración de riesgo. La directora del Instituto de la Mujer se comprometió a abordar la creación de estas unidades a partir de enero.

Todos los invitados negaron que la ley de Igualdad suponga para los hombres una "inversión de la carga de la prueba", denunciaron la "publicidad negativa sobre esta ley que hace que se dude de las víctimas", sometidas a doble juicio, incluso a un humillante examen para determinar su credibilidad. Santocildes, además, reclamó mejores protocolos a la hora de conceder medidas como dispositivos telemáticos para controlar a los potenciales homicidas de mujeres.