El lápiz de memoria con el proyecto de Presupuesto autonómico para 2018 llegó a la Junta el mismo día que hace un año, otro 28 de noviembre más o menos igual en cuanto a la falta de entusiasmo de los interlocutores políticos del Gobierno. Otra vez entró el documento en el parlamento entre incertidumbres, sin acuerdo, precedido esta vez por el silencio receloso de los dos grupos que pueden allanar su aprobación si media un acuerdo con el Gobierno que en las circunstancias actuales ni uno ni otro, ni Podemos ni IU, ven acercarse. Hace un año, Asturias acabó teniendo cuentas merced a una cesión fiscal ante el PP que en esta ocasión el Principado niega para volver a poner la muleta hacia su izquierda, citando a sus antagonistas con el juego de palabras de un Presupuesto "lleno de propuestas que pueden ser aceptadas", repleto "de posibilidades". Asumiendo también que no está el cien por cien de lo que les piden, pero "sí en buena medida"; invitando a "ceder y a conceder para ser capaces de acercar posturas".

Su "cebo" es un Presupuesto de 4.485 millones de euros donde se dilatan a la vez la cifra global y la inversora y el contrapeso del gasto en amortización de deuda e intereses. El proyecto eleva en 259 millones el del año pasado, hace subir la inversión por segundo ejercicio desde 2009 y recupera los niveles del más expansivo que ha conocido la región -el de 2010, el único que alcanzó los 4.600 millones-, subiendo hasta ser el más voluminoso de los Gobiernos presididos por Javier Fernández. La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, hizo ostentación de un proyecto de cuentas con 374 millones de inversión productiva, 63 más que el año pasado, y 2.994 de gasto social que equivalen a dos tercios del total, aunque el lastre del peso de la partida destinada al pago de la deuda crece hasta los 546 millones, el equivalente al presupuesto de la tercera Consejería tras Sanidad y Educación, un 26 por ciento más que en las cuentas vigentes de 2017 y con tendencia al alza, dado que el Principado prevé endeudarse en 2018 en 644 millones. El gasto vinculado a la deuda supera en un 45 por ciento al de la inversión.

Carcedo centró su extracto de cifras básicas en los puntos de fricción que han jalonado en las últimas semanas la negociación del Gobierno con los grupos de la izquierda, en los guiños que sus cuentas tienen para Podemos -en las partidas de las escuelas infantiles, la unidad anticorrupción o la política de vivienda, sanidad y empleo-, y para IU en el volumen de la inversión social, en el asturiano, la Universidad o la investigación y desarrollo.

A Podemos, y a su petición recurrente de escuelas infantiles gratuitas e integradas en la red pública vuelve a responder que no ahora, pero guiña un ojo indicando que su proyecto reserva un incremento de "1,8 millones para ampliar unidades y mejorar la financiación de la red existente", para siete centros más en otros tantos municipios de una red que tiene al año un coste de 11,4 millones. Reafirma Carcedo aquí la posición del Gobierno tendente a la elaboración de un estudio que determine qué modelo de red de guarderías será implantado a partir de la próxima legislatura y mientras tanto, el próximo año, "seguir extendiéndola" y estudiar opciones de "reducción de coste para las familias". "Podemos habla de integración y gratuidad", centró la discrepancia la Consejera, "pero gratis no hay nada. Las cosas tienen un coste y hay que aclarar las medidas para hacerle frente", enlaza, y antes que nada reflexionar, analizar cómo se articula la vertiente educativa con la de conciliación, los horarios con el encaje administrativo del personal de una malla de guarderías que ahora mismo, destaca Carcedo, apenas está en la mitad de los ayuntamientos y también habría que extender a todo el territorio.

En resumen, que la respuesta es un no ahora, un quizá en el futuro, un intento de enmienda parcial a la petición morada. La contestación numérica dice que la demanda de Podemos equivale a que sea Asturias la primera autonomía del país con la red gratuita y que "está bien ser pioneros", pero que para conseguirlo "hay que tener claro cómo hacerlo". El "ahora no" de la gratuidad educativa es un sí presupuestario a la unidad anticorrupción independiente del Gobierno que también reclama Podemos, que cuenta en el proyecto con compromiso de impulso y un presupuesto de 500.000 euros, aunque nada es una afirmación completa y todo queda pendiente de que se resuelvan los problemas de encaje jurídico que plantea el solapamiento en la Junta de la ley de unidad anticorrupción patrocinada por Podemos con la de transparencia y buen gobierno, la que impulsa el Ejecutivo.

Para tratar de hacer frente a las condiciones de la formación morada también hay en las cuentas medio millón más para reparación de viviendas públicas en alquiler, algo que ya Podemos había considerado insuficiente, o entre otras medidas ampliar a tres años las ayudas al arrendamiento y estirar en 4,2 millones la reserva para políticas de vivienda. En lo atinente a las plantillas sanitarias, fuera del Presupuesto propone el Gobierno perfilar en abril una reforma de la estructura del personal en la que "vamos a aceptar parte de esas pretensiones" de Podemos.