Entre lo que podría ser interpretado como una invitación a la entrada de IU figuran los 92 millones de incremento del gasto social, que incluyen 120 para que el salario social alcance su tope histórico previendo incorporar a más de 1.500 nuevas familias -este año ya roza los cien sólo hasta octubre- o "partidas que tienen mucho que ver con la ley de garantías y mínimos vitales" que IU abandera y que el Gobierno se compromete a impulsar en el primer trimestre del año. Hay además 96.000 euros de incremento en la partida del asturiano, subraya la Consejera, incluidos 70.000 para su promoción en la televisión pública... Se esfuerza Carcedo por desarrollar su visión del presupuesto como un espacio con "mucho margen" para el acuerdo, habida cuenta de que el diálogo se desarrolla alrededor de cuestiones que "exceden los estados numéricos, que van más allá del presupuesto".

"El proyecto tiene opciones" y no hay más escenario que apurar el diálogo sin considerar a día de ayer, eso dijo la Consejera, que una prolongación del desencuentro pueda conducir al escenario de hace dos años y a la retirada del proyecto antes del trámite parlamentario. Una vez registrado en la Junta, el documento no admite ya modificaciones de las partidas globales, sólo dentro de las ya asignadas a organismos o consejerías, razón por la cual la oposición clamó contra la actitud del Gobierno en una negociación en la que no se facilitaron, protestan, datos concretos sobre las cuentas. A esta acusación replica Carcedo que las condiciones del diálogo "las plantearon los grupos en esos términos. Hablábamos más de políticas, de orientaciones, que de aspectos específicos del presupuesto. Tampoco hubo reclamación de más información y se dio toda la que se requirió".

El caso es que la negociación sigue abierta, con algo menos de tres semanas por delante hasta la próxima frontera, el 20 de diciembre, último día del plazo para la presentación de enmiendas. Las conversaciones continúan ahora sobre un presupuesto con los grandes números inamovibles y entre sus ausencias "ninguna previsión de modificación fiscal". Ni las rebajas tributarias que demanda la derecha ni los nuevos tributos ambientales que en algún momento formaron parte de las condiciones negociadoras de IU.

El presupuesto se estira fundamentalmente por el incremento de las entregas del sistema de financiación autonómica, del que proceden el 77 por ciento de los ingresos no financieros del Principado. De los gastos, el 36,9 por ciento -1,6 millones- son de personal; el pago de la deuda, que en 2017 representaba el diez por ciento del total, se elevaría ahora al doce. El capítulo de personal, donde la Consejera apunta a la necesidad de dar continuidad a la recuperación de derechos de los empleados públicos -el Gobierno se comprometió a pagar la carrera profesional a los docentes interinos y a aplicar la misma subida salarial que el Estado- sube un 2,5 por ciento.

Por consejerías, más de la mitad se va a la suma del gasto sanitario con el educativo. Casi cuatro de cada diez euros de la previsión, 1.713 millones, a Sanidad; casi dos de cada diez, a Educación y por encima de un diez por ciento, a las políticas de bienestar social.