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El modelo de financiación autonómica debe garantizar la igualdad entre los españoles

El pasado 4 de diciembre nos reunimos en Oviedo los presidentes de Asturias, Galicia y Castilla y León, en un encuentro que nos permitía dar continuidad a una línea de colaboración que mantenemos estas Comunidades para abordar mejor los problemas comunes que afectan a nuestros territorios. Desde el autonomismo útil y leal en que creemos, pensamos que España se construye colaborando. Y en esa tarea estamos.

En la Declaración firmada en ese encuentro, y junto a otras cuestiones, reiteramos la urgencia de lo que desde hace ya tanto tiempo venimos demandado la gran mayoría de las Comunidades: la revisión del modelo de financiación autonómica. Algo que ya se acordó en enero en la Conferencia de Presidentes, donde quedó muy claro que esa revisión debía garantizar a cada español, cualquiera que fuere su lugar de residencia, el acceso a unos niveles similares de servicios públicos, con independencia de la capacidad de su Comunidad Autónoma para generar ingresos tributarios. Se trata de hacer realidad, en esta importante cuestión, el principio esencial de igualdad de los españoles. Razón por la cual ese nuevo modelo debe surgir del consenso multilateral, evitando por tanto cualquier tipo de negociación bilateral.

Estas demandas no son caprichosas. En definitiva de lo que se trata es de garantizar que las Comunidades dispongamos de los recursos suficientes para financiar el total de los servicios de nuestra competencia, tanto en el presente como en el futuro.

Servicios que son fundamentales, pues hablamos de la sanidad, la educación y los servicios sociales, columna vertebral y razón de ser de las Comunidades. Si tenemos atribuidas esas competencias tiene que ser con los recursos necesarios para poder prestarlas con suficiencia. Y en este punto llegamos a un asunto clave, en el que las Comunidades reunidas en Oviedo coincidimos plenamente, la hora de revisar el actual modelo de financiación. Es imprescindible que el cálculo de la misma se haga teniendo los costes reales de los distintos servicios. Esos costes nunca dependen exclusivamente de la población y del número de habitantes a quienes se presta el servicio. Sino que también deben tener en cuenta variables como los costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, o el envejecimiento y el sobreenvejecimiento.

Para entender por qué exigimos que se valoren estos factores, resultan reveladores algunos ejemplos en nuestra propia Comunidad. Educar a un niño en el medio rural tiene un coste al menos un 40% mayor que hacerlo a ese mismo niño en una de nuestras ciudades. El gasto sanitario de una persona mayor de 75 años multiplica por 7 el de un adulto sano. Si realmente creemos que todos los españoles somos iguales con independencia del lugar en el que vivamos o la edad que tengamos, es evidente que el niño del medio rural para acceder a la educación, y el mayor de 75 para acceder a la sanidad, tienen derecho a que se valoren sus singulares circunstancias al establecerse el coste real de esos servicios públicos, para garantizarles su acceso a los mismos en condiciones de igualdad.

El encuentro con los colegas y amigos de Asturias y Galicia demuestra que la cesión y el acuerdo son siempre posibles. En estos últimos días, hemos vuelto a hablar y a elogiar el acuerdo al que el conjunto de los españoles fuimos capaces de llegar para alcanzar en 1978 la Constitución que nos está garantizando la etapa más prolongada de paz, libertad y convivencia. No caigamos en la tentación y el error de pensar que los problemas que hoy nos ocupan son mayores o más graves que los de entonces.

Tampoco somos más torpes, ni más intransigentes. El acuerdo en una materia tan sensible y compleja como la de la financiación es tan posible cómo necesario.

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