Todos y cada uno de los condenados del "caso Marea" han anunciado sus recursos ante el Tribunal Supremo, una vez concluido el plazo planteado por la sección tercera de la Audiencia Provincial. Ahora, los letrados tendrán un mes para presentar efectivamente los recursos ante el alto tribunal. Algunas fuentes sostienen que el Supremo podría revisar las condenas en el plazo de uno o dos años. Otros han indicado que todo este asunto podría alargarse unos cuatro años. En caso de que se rechacen los recursos, los principales condenados tendrían que ingresar en prisión para cumplir las penas de entre seis -la que recibió el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre- y nueva años y medio -la mayor, endosada a la exdirectora general María Jesús Otero- que impuso la Audiencia.

Ni la Fiscalía ni el Principado, ni las acusaciones particulares y populares han recurrido la sentencia, que consideran ajustada. El Tribunal Supremo, por tanto, no variará al alza las penas, en todo caso las mantendrá, las reducirá o incluso las eliminará. Han anunciado recursos desde Francisco Javier Juárez, empleado de un ayuntamiento al que se impuso 1.800 euros de multa por un presunto cohecho, hasta José Luis Iglesias Riopedre, que ya anunció en su día que lucharía contra una sentencia que considera injusta. También Marta Renedo, condenada a nueve años de prisión, que aduce errores judiciales y la vulneración de derechos como a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, al secreto de las comunicaciones, al juez ordinario y de defensa y asistencia letrada. El recurso de Renedo apunta a un ulterior recurso ante el Tribunal Constitucional.

Incluso han anunciado recursos los empresarios Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, condenado a un año y nueve meses de prisión -y que ahora está defendido por Luis Tuero-, y Antonio José Azorín, de Nora, al que se impuso un año de prisión. La mayor parte de los recursos hará referencia a la vulneración del secreto de las comunicaciones. Pese a que la sección octava de la Audiencia Provincial, las consideró válidas, tanto las defensas de los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez (a cargo de Miguel Valdés-Hevia y Javier Díaz Dapena), como las de María Jesús Otero y José Luis Iglesias Riopedre (a cargo de Ana Muñiz y Sergio Herrero), plantearán que las escuchas que llevaron a su detención y posterior procesamiento no estuvieron justificadas y que debe anularse todo el proceso. También consideran que debería haberse separado el proceso en dos, dejando a Marta Renedo en un juicio diferente al resto.