Un total de 82 cajas con la documentación del "caso Marea" salió ayer de la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo, con destino al Tribunal Supremo, en Madrid. Tan voluminoso traslado obligó al Principado a contratar un servicio de mudanzas. Se trata de 90 tomos de la fase de instrucción, unos 200.000 folios escaneados, decenas de CD y unidades de memoria USB con informes, contabilidades, grabaciones, el rollo de la Sala compuesto por siete tomos y cinco anexos con informes y documentos, además de 90 horas de grabación del juicio. Sólo la sentencia ocupa más de 1.000 folios. Fuentes de la judicatura indicaron ayer que el traslado de toda la documentación al Tribunal Supremo "es un trámite ordinario", aunque en este caso resulte más llamativo por su volumen.

Los documentos y las grabaciones de las vistas celebradas durante los cuatro meses que duró el juicio permanecían en una sala especial habilitada para ello. Una vez acomodada la documentación en el Tribunal Supremo, se tramitarán los recursos y, según algunas fuentes, la resolución puede tardar "años, como mínimo dos", teniendo en cuenta que los magistrados tendrán que revisar las condenas impuestas por la Audiencia Provincial.

Todos los condenados en el "caso Marea" han anunciado que recurrirán, lo que pueden hacer desde el miércoles y durante un plazo de quince días. Pero los que no recurrirán son la Fiscalía, el Principado, las acusaciones particulares y populares, que la consideran ajustada. Esto supone que el Supremo no variará las penas que dictamine como definitivas. En todo caso, las mantendrá o las podrá rebajar o incluso eliminarlas, aunque según las fuentes consultadas, esta última opción sería una verdadera sorpresa.

Si los recursos se rechazan, la consecuencia será el ingreso en prisión de los principales acusados: el exconsejero de Educación del Principado José Luis Iglesias Riopedre, condenado a seis años de prisión; su mano derecha, la exdirectora general de Planificación María Jesús Otero, con la pena más alta al llegar a los nueve años y medio, y la exfuncionaria Marta Renedo, con nueve años.

El resto de procesados fueron Víctor Manuel Muñiz, exgerente de Igrafo, fue condenado a seis años y medio de cárcel, la misma cantidad que el exdueño de Apsa, Alfonso Carlos Sánchez. Los otros dos empresarios a los que acusaba la Fiscalía, Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, y Antonio Azorín, de Nora, han sido condenados a las penas de un año y nueves meses y un año, respectivamente. Respecto a los seis restantes procesados, sólo fue condenado Francisco Javier Juárez, a una pena de multa.

El macroproceso del "caso Marea" se convirtió en el mayor juicio por corrupción celebrado en el Principado. La sentencia se conoció 13 meses después de finalizado el juicio, en julio de este ejercicio, siete años y siete meses después de haberse iniciado las investigaciones, en febrero de 2010, y cuatro años después de haberse dictado el auto de procesamiento.

El magistrado ponente de la sentencia, Francisco Javier Santocildes, estima que los tiempos se situaron dentro de la normalidad, teniendo en cuenta el volumen de la causa. En realidad se ha tardado tanto como con los casos "Gürtel" o "Palma Arena".