-El médico ha dicho que le demos el alta. Antes de que se vaya, le entregaremos la factura. Ha estado cuatro días ingresado, y son 2.474 euros. La resonancia magnética supone 248 euros más.
En un futuro próximo, esta escena podría darse en los hospitales públicos de Asturias. Las autoridades sanitarias barajan instaurar la "factura en la sombra". No conviene alarmarse: se trata de un documento que tendría efectos puramente informativos y cuya finalidad última consistiría en concienciar al usuario acerca del coste de las prestaciones que recibe. La Consejería de Sanidad aún no tiene decidido si pondrá en marcha esta medida o no. Lo que sí da por seguro es que, a lo largo de este año que acaba de comenzar, dispondrá de las herramientas informáticas necesarias para hacerlo.
"Antes de que termine 2018 tendremos concluido nuestro proyecto de contabilidad analítica", explicó a este periódico José Ramón Riera, gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Según el doctor Riera, la contabilidad analítica ofrece unas opciones muy superiores a las actuales a la hora de desagregar costes. De modo que cuantías que ahora son imposibles de desmenuzar, pronto podrán ser individualizadas en función de los servicios prestados a cada usuario de la sanidad pública. "Podremos establecer el coste por paciente de cada proceso y emitir una factura", subrayó el gerente del Sespa.
Sin embargo, que esta opción vaya a ser viable no significa que vaya a implantarse. "No lo tenemos decidido aún", indicó José Ramón Riera. El Principado sostiene que una decisión de esta naturaleza ha de ser analizada de forma conjunta con los colectivos afectados, y de forma muy singular con los pacientes.
La factura en la sombra es una de esas serpientes de verano que de forma periódica surge en los debates sobre el sistema sanitario público; en particular, cuando se debate sobre la sostenibilidad de un modelo cuyos costes aumentan a un ritmo que algunos observadores consideran vertiginoso. Hasta la fecha, son muy pocas las comunidades autónomas que se han atrevido a hacerla realidad. Andalucía y la Comunidad Valenciana son las regiones en las que está al menos parcialmente implantada.
Cada cierto tiempo, el Boletín Oficial del Principado (BOPA) publica una actualización de los importes exigibles por tasas y precios públicos de la Administración regional. Según las tarifas más recientemente difundidas, un día de hospitalización en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) supone un coste de 618 euros, mientras que en el resto de hospitales el importe es de 403 euros. Si la estancia es en la UVI del complejo sanitario de Oviedo, la factura diaria asciende a 1.139 euros; y si es en la unidad de cuidados intensivos del resto de hospitales, se sitúa en 1.099 euros. Una primera consulta con el médico de atención primaria cuesta 61 euros; y, si incluye pruebas diagnósticas, el precio se eleva hasta 76 euros.
Desde 2010
La factura en la sombra puede ser vista como una herramienta que contribuya a un uso más racional de los servicios públicos, en este caso los sanitarios. Fue en el año 2010 cuando la entonces ministra de Sanidad, la socialista Trinidad Jiménez, anunció su implantación en todo el territorio nacional, en coordinación con las comunidades autónomas. La Ministra precisó entonces que "no se trata de que a nadie se le pueda cobrar por el uso que haga de las prestaciones, sino solamente informarle de lo que cuestan los servicios sanitarios".
Trinidad Jiménez anunció esta idea cuando la crisis financiera ya comenzaba a causar estragos en las arcas públicas. Según los planea trazados por el Ministerio en aquel momento, la llegada de la factura simbólica iba a ir acompañada de una campaña informativa para fomentar un uso adecuado de los servicios sanitarios. En cambio, con esa medida y otras encaminadas a las contención del gasto, se consideraba que la amenaza del copago quedaba excluida del escenario futuro de las políticas sanitarias. Al final, la realidad fue por otro camino: el copago se hizo realidad y la factura en la sombra apenas tiene presencia en la sanidad pública española.
