El Gobierno del Principado ha consumado el polémico cambio de adscripción administrativa de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (Bripas), que pasan a depender orgánicamente del Servicio de Emergencias (SEPA). Hasta ahora, el colectivo era subalterno directo de la Dirección General de Justicia e Interior y los planes de la Administración autonómica de modificar su subordinación habían soliviantado a una parte del gremio. Dentro del grupo, un híbrido de bomberos y guardas del Medio Natural, había defensores y detractores de la pretensión del Principado. La representación sindical de los guardas se oponía al cambio con el argumento de que les restaría "independencia y efectividad", desviándolos a investigar, además del fuego en el monte, incendios urbanos "o de otra índole en los que intervengan bomberos". Del otro lado, éstos entendían que la oposición a la concentración de sus funciones en el SEPA pretendía excluir de esta labor a los bomberos.
El colectivo de funcionarios Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies, mientras tanto, criticó ayer con dureza la decisión porque su propósito, dicen, es "minar la independencia funcional" de los investigadores y someterlos "a la censura política del gerente del SEPA, cargo designado a dedo al que se atribuye la revisión de los informes evacuados por las Bripas", frente a la situación actual, en la que esa labor la ejecutaba "un funcionario de carrera, el jefe de servicio de Interior". Sostiene el Conceyu que el cambio desprecia los informes de la Fiscalía, que han considerado eficaz la organización de las Bripas, e "incurre en una grave irregularidad" por cuanto vulnera la propia normativa autonómica al ejecutarse sin la preceptiva "aprobación de una resolución en la que se establezca su organización, régimen jurídico y funcionamiento".
