El Tribunal de Cuentas dicta contra Renedo su primera sentencia del "caso Marea"

El Tribunal de Cuentas ha dictado su primera resolución en el "caso Marea", el de mayor corrupción juzgado en Asturias. Y ha sido contra la funcionaria Marta Renedo, una de los actores principales y a la que le condena a devolver algo más de 1,5 millones de euros al Principado. Su abogado, José Carlos García, confirmó ayer que recurrirá.

El órgano fiscalizador abrió el procedimiento de responsabilidad contable el pasado mes de septiembre por varios de los contratos relacionados con el "caso Marea" de corrupción en la administración asturiana.

El Tribunal de Cuentas apreció entonces posibles irregularidades contables en los contratos suscritos entre el Principado y la empresa Implans Mounts, una de las supuestamente utilizadas por la exjefa de sección Marta Renedo para desviar fondos regionales. También habría irregularidades en la contratación de las obras de adaptación de calefacción para el sistema geotérmico en el IES de Infiesto (Piloña), unos trabajos que la Consejería de Educación contrató a Nora Proyectos & Ingeniería, en la época en que el socialista José Luis Iglesias Riopedre era su responsable. También figuraba bajo sospecha el proyecto del IES de Infiesto que se contrató a Nora, y ésta a su vez subcontrató el estudio de geotermia a Geogal, sociedad mercantil cuyo propietario era el hijo de Riopedre.

Según el Tribunal, el procedimiento de reintegro por alcance por los contratos de Implans Mounts parten de una denuncia del Ministerio Fiscal, basada en el escrito remitido por el portavoz del grupo parlamentario mixto UPyD en el parlamento asturiano, en la que se ponen "de manifiesto una serie de irregularidades detectadas en el pago de prestaciones, aparentemente no recibidas, derivadas de diversos contratos celebrados por la consejería de Administraciones Públicas y Portavocía del Gobierno".

Marta Renedo fue condenada por la Audiencia Provincial a nueve años de prisión y 480.000 euros de multa, aunque la sentencia no indicaba las indemnizaciones a pagar. La Fiscalía había solicitado el abono al Principado de 1,8 millones de euros.