El reintegro de 3,5 millones por los planes locales de empleo de 2014 y 2015 no impedirán que los 21 ayuntamientos afectados puedan incluir una nueva edición para este ejercicio, según explicó el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Ignacio Palacios. Los alcaldes de los municipios afectados consensuaron esta mañana un documento marco de alegaciones, que cada consistorio deberá presentar ahora de manera individual.

Los ayuntamiento alegarán que con los planes locales de empleo "se han cumplido los objetivos de los programas", es decir, de los fines para los que se pusieron en marcha. Otra cosa es que se hayan podido incumplir determinados aspectos de la jurisdicción laboral.

Otro de los apartados se refiere a que en las sentencias contrarias a los municipios se invoca las bases de la convocatoria, en las que se indica que si existe un despido improcedente se devolverán las ayudas. En este sentido, los alcaldes hablan de una interpretación "errónea", porque se refieren a la interrupción del contrato durante el año en el que esté en vigor, lo que no sucedió en ninguno de los casos, ya que los beneficiarios de los planes de empleo dejaron de trabajar para los ayuntamientos al finalizar el programa.

El Principado, por su parte, mantiene su posición de ayuda a los ayuntamientos, aunque advierte de que está obligado a cumplir la sentencia que establece la devolución de los fondos. "El Gobierno está actuando bajo mandato judicial. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para buscar soluciones para que esa devolución tenga la mayor flexibilidad posible", indicó el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.