Sería la evolución del frente del Noroeste, su expansión hacia el Este a la búsqueda de nuevos aliados para otras exigencias. Después de juntarse con Galicia y Castilla y León para unir esfuerzos contra el despoblamiento y a favor de una financiación autonómica "sin privilegios", Asturias busca más socios en sintonía con sus otros frentes. Este febrero, el presidente del Principado, Javier Fernández, se encontrará otra vez con el de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera, y ambos añadirán al de Aragón, al socialista Javier Lambán, en otra "cumbre" autonómica políticamente transversal para explorar una fusión de fuerzas que sirva también para reclamar la prolongación de las vidas de las centrales térmicas de carbón y de las minas que lo extraen.

En este 2018 que se promete "clave para decidir el modelo de transición energética y definir el futuro de las minas", el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, anunció ayer la "cumbre" poniendo el énfasis en repetir varias veces el verbo "presionar". Su propósito es "ejercer la presión necesaria" en España y en Europa para atajar los cierres que se avecinan: la térmica de Lada, en Langreo, y la de Velilla del Río Carrión (Palencia) tienen la sentencia de Iberdrola encima, la de Endesa en Andorra (Teruel) está condenada para 2020 y el 31 de diciembre de este año es la fecha tope para la defunción de la minería de interior, para la clausura de la extracción en las minas de carbón cuyas empresas no sean capaces de devolver las ayudas recibidas.

Contra esas dos amenazas, el Gobierno asturiano se propone "ejercer el liderazgo que nos corresponde" en defensa de una tesis que sin poner en duda el proceso "irreversible" hacia la rebaja de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) ni "aferrarse a un modelo contaminante y superado" haga entender que "tampoco estamos dispuestos a asumir una transición energética precipitada que conlleve el cierre innecesario y apresurado de centrales térmicas, con la reducción consiguiente de empleo, la disminución de actividad de El Musel o el aumento del precio de la electricidad. Por ese camino", remarca, "correríamos el riesgo de abocar a Asturias a una tercera reconversión industrial que resultaría indeseable".

"No devolver ayudas"

En la oposición al cierre de las térmicas han tenido el Principado y sus aliados el respaldo del Gobierno. La confluencia es más difusa en las minas. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, subrayó varias veces la semana pasada en Oviedo que "la normativa europea es la que es", precisando que su departamento estudia la posible viabilidad de algunas empresas que en ningún caso podrán renunciar a la obligación de devolver las ayudas. Ayer, Guillermo Martínez prefirió volver sobre la demanda que ha hecho explícita Javier Fernández, donde el verbo es "flexibilizar", suavizar "los criterios y los pagos". Es "la importancia de que el Gobierno ejerza la presión necesaria sobre las autoridades comunitarias para la flexibilización de las condiciones, o si fuera posible para conseguir en parte la no devolución de las ayudas", avanza el consejero de la Presidencia, convencido de que el retorno de las subvenciones equivale inexorablemente al cese de la actividad.

La "cumbre" de febrero, en sede por determinar, fue el único compromiso reseñable que salió ayer de la reunión del Consejo de Gobierno del Principado. "Parece lógico que logremos acuerdos", reseña Martínez tras mencionar sus problemas comunes y adelantar que formato se prevé "similar" al de la reunión a la que asistieron en diciembre en Oviedo los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León para compartir sus inquietudes comunes respecto a la crisis demográfica, la amenaza incendiaria o los postulados de cara a la inminente reforma del modelo de financiación autonómica. Volverá a ser un encuentro políticamente transversal, esta vez con las mayorías alteradas, con dos socialistas (Fernández y Lambán) y uno del PP (Herrera) e incluso, dadas las posiciones previas, podría sumar la avenencia de Aragón en otras cuestiones, como la del sistema de financiación.

El Gobierno dice dar "la máxima prioridad política" en 2018 a estas cuestiones que Europa legisló en 2010. En esa ofensiva, el 26 y 27 de febrero, el consejero de Industria, Isaac Pola, ha anunciado también su presencia en Bruselas en las reuniones de la Plataforma de las Regiones Mineras en Transición, que agrupa a 41 regiones de doce países.

La prolongación de la vida de las minas forma parte también de las exigencias que la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) del sindicato UGT llevará a la reunión que mantendrá el 30 de enero con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. La delegación sindical, de la que formará parte el secretario general del SOMA, José Luis Alperi, pedirá un pacto de Estado por la energía y un modelo energético que vele por la seguridad del suministro y mantenga una producción de carbón autóctono con la consideración de "reserva estratégica".