El exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, condenado a seis años de prisión por el caso Marea, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para pedir la anulación de su condena.
José Luis Iglesias Riopedre, que fue condenado por prevaricación, fraude, cohecho y falsedad en documento mercantil, ya había anunciado su desacuerdo con la sentencia, tras la que volvió a defender su inocencia asegurando que recurrirá "hasta donde haga falta" para demostrar su "honradez".
Según el escrito presentado por su letrado, Sergio Herrero, son varios los motivos que se apuntan para pedir dicha anulación, concretamente seis los que se alegan.
Entre ellos se destaca que "el Tribunal sentenciador considera acreditados los hechos delictivos objeto de la condena dictada sin prueba suficiente de ellos que pueda racionalmente considerarse de cargo, ya que, pese a existir aparentes fuentes de prueba, han sido apreciadas de forma incompleta e ilógica.
Otros de los motivos en los que se basa el recurso de casación presentado ya ante el Supremo se refieren a la infracción de ley y al error en la apreciación de la prueba, así como a la falta de claridad del fallo.
El fallo del caso se conoció trece meses después de finalizado el juicio, en julio de 2016, siete años y siete meses después de haberse iniciado las investigaciones, en febrero de 2010, y cuatro años después de haberse dictado el auto de procesamiento.
La que más difícil lo tenía para librarse, laexfuncionaria Marta Renedo, acusada de llevarse dos millones de euros, fue condenada a cinco años de cárcel y una multa de 480.000 euros, la mitad de los que pedía la acusación.
La otra gran implicada en este caso, la exdirectora general de Planificación en la Consejería de Educación, la llanisca María Jesús Otero, recibe por su parte una condena de nueve años y medio de cárcel y una multa de dos millones y medio por un delito de cohecho. El tribunal informó inicialmente de que eran diez años a los que se la condenaba, pero rectificó con un auto posteriormente.
Su jefe, el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, de 77 años, acusado de pedir favores para la empresa de su hijo y consentir un esquema de contratación que beneficiaba a las sociedades Igrafo y Almacenes Pumarín (Apsa), ha sido condenado a seis años de prisión y una multa de 400.000 euros.
Por su parte, Víctor Manuel Muñiz, exgerente de Igrafo, recibe seis años y medio de cárcel, la misma cantidad que el exdueño de Apsa, Alfonso Carlos Sánchez. Los otros dos empresarios a los que acusaba la Fiscalía, Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, y Antonio Azorín, de Nora, han sido condenados a las penas de un año y nueves meses y un año respectivamente. Respecto a los seis restantes procesados, solo ha sido condenado Francisco Javier Juárez, a una pena de multa.
