La filtración, por parte de un trabajador sanitario a un abogado, de datos sobre la operación de un paciente fallecido en el quirófano no constituyó un delito de revelación de secretos. Ésta es la conclusión que la magistrada Simonet Quelle Coto, titular del Juzgado de instrucción número 2 de Oviedo, ha plasmado en un auto que sobresee de forma provisional y archiva unas diligencias que había incoado a petición de su colega del Juzgado de instrucción 1.
El abogado implicado en los hechos, Alfredo García López, declaró públicamente que un profesional del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que participó en la segunda operación a la que fue sometido el citado enfermo -en la que se produjo el fallecimiento- acudió a él para encomendarle que pusiera en conocimiento de la familia del fallecido que la muerte se debió a "una imprudencia profesional muy grave, consistente en olvidarse, en la primera intervención, de dos compresas quirúrgicas en el corazón".
El letrado ya había anunciado que bajo ningún concepto desvelaría la identidad del profesional sanitario que le contrató "porque la Constitución y toda la legislación nos obligan a guardar la máxima confidencialidad sobre nuestros clientes". Ahora, la jueza sostiene que "no hay constancia de que se hubiere accedido a la historia clínica" del fallecido, el ovetense J. L. G. R., de 44 años, cuya familia ha presentado una denuncia por la vía penal que está investigando el Juzgado de Instrucción número 1 porque considera que el trágico desenlace se debió a una negligencia médica.
La muerte se debió -según los integrantes del equipo que realizó la segunda operación- a que en la primera habían quedado junto a la aorta dos compresas que se infectaron. Sin embargo, según una investigación interna realizada por el HUCA, "no había ninguna compresa en el corazón del paciente después de la primera operación porque, si las hubiera, las habrían detectado las pruebas radiológicas, y no las detectaron".
La titular del Juzgado 1 decidió remitir al número 2 la presunta revelación de secretos. Pero la jueza Quelle niega esta posibilidad, bajo el argumento de que la información médica sobre el fallecido no fue usada para perjudicar al titular de los datos o a un tercero, sino para "esclarecer los motivos" del fallecimiento.
