Es un problema al alza. Cada vez más padres se ven impotentes para controlar a sus hijos. En 2016, el último año del que hay datos -se está elaborando la memoria del Servicio de Infancia correspondiente a 2017-, el Principado recibió un total de 46 demandas de protección por incapacidad parental en el control de la conducta de los menores. Un año antes, en 2015, fueron 44, y en 2014, 28.
Insultos graves a los padres, ausencia de sumisión a las normas familiares, gritos, golpes a los muebles y finalmente también agresiones. Esta secuencia protagonizada por hijos adolescentes con sus padres o hermanos como víctimas constituyen la antesala de una decisión crítica: pedir ayuda a la Administración para que se haga cargo del menor. En algunos casos, esa violencia se presenta incluso antes, entre niños que no han llegado a la pubertad. En la mayoría de los casos, los expedientes son instados por la Fiscalía de Menores, los servicios sociales y las fuerzas y cuerpos de seguridad, ante la comisión de algún hecho delictivo. Un total de 29 menores se vieron involucrados en 2016 en alguna infracción delictiva.
En 2016, también se iniciaron expedientes por 12 casos de absentismo escolar, otros 17 por fugas del domicilio familiar y una decena por llamadas "conductas disruptivas", o lo que es lo mismo, por "portarse mal" en el aula, en el autobús, por la calle... El total de casos de dificultades en el control de la conducta del menor ascendió a 85.
Suponen una de cada seis expedientes de protección a los menores, por encima de las situaciones de necesidad familiar, que fueron 84, y los casos de abandono literal, otros 72, entre los que hay que contar los 40 nuevos expedientes de menores extranjeros no acompañados que llegaron a Asturias en 2016. Solo son superados por los casos de negligencia, como el abandono físico de los menores, que ascendió a 104 casos.
En 2016 se iniciaron un total de 508 expedientes a menores, de los cuales 283 se correspondieron con varones, 220 con niñas y otros cinco con recién nacidos. De esos 508, un total de 158, un tercio de los mismos, se corresponde con jóvenes de entre 14 y 18 años, la edad en la pueden producirse conductas más violentas o de enfrentamiento más abierto con la autoridad o los padres.
Tutelas y guardas
De esos 508 expedientes, 128 se cerraron con la tutela por parte del Principado; otros 30 con una guarda voluntaria solicitada por los progenitores; otros 20, con una guarda provisional (por un tiempo máximo de dos años, pasado el cual el menor pasaría a la tutela del Principado); y otros 18 con una delegación de la guardia con fines de adopción. En 95 casos hubo una propuesta de acogimiento familiar, y en otros 20, una propuesta de acogimiento familiar con fines tutelares. También hubo 48 propuestas de adopción. Y en 102 casos se decretó una medida de acogimiento residencial.
