El devenir económico de la concesionaria de la AP-66 queda explicado, básicamente, por dos razones: el hecho de que sea una autopista de montaña, lo que eleva notablemente los gastos de conservación y mantenimiento, y la propia historia de la infraestructura y su tramitación, cuyo punto de arranque podría colocarse ocho años antes de su apertura, en 1975, cuando se constituye la sociedad Aucalsa con el fin de construir y explotar la autopista León-Campomanes, que le había sido adjudicada ese mismo año por el Estado. La dramática situación económica de la sociedad llevó al Estado a adquirir la totalidad de las acciones en diciembre de 1983, solo cuatro meses después de su apertura. La autopista fue privatizada de nuevo en 2003.
El inicio de la explotación se había producido el 11 de agosto de 1983, aunque debido a la orografía, la enorme complejidad técnica de la obra y su alto coste, la autopista no poseía entonces doble calzada en los siete túneles que jalonan su recorrido, que suman casi 17 kilómetros de longitud, en cada sentido de la marcha. Solo seis años después, en enero de 1989 el Estado aprobó el programa para el desdoblamiento de los túneles, el último de los cuales, el del Negrón, abrió al tráfico en 1997, catorce años después de la apertura de la autopista.
Los resultados de la cuenta de pérdidas y ganancias fueron durante 16 años negativos, alcanzándose un máximo de pérdidas (casi 37 millones de euros) en 1985, año a partir del cual las mismas fueron descendiendo hasta 1998. Al año siguiente, la sociedad obtuvo por primera vez beneficios: 4,09 millones de euros.
Desde entonces solo se han registrado pérdidas durante los años 2012 y 2013. En los últimos ejercicios continuó la tendencia positiva en las magnitudes relativas a ingresos de peaje y resultado antes de impuestos. Pero los resultados están aún muy lejos de los beneficios obtenidos durante el primer decenio de este siglo, lo que hace "difícil" que la concesionaria pueda amortizar toda la inversión antes de 2050, según expertos consultados por este periódico.
Así las cosas un posible rescate de la autopista astur-leonesa por parte del Estado para suprimir el peaje, como demandan los partidos asturianos, implicaría un pago multimillonario a Aucalsa.
