Rescatar autopistas privadas no implica suprimir los peajes, ha advertido el Ministerio de Fomento. Más aún: los ocho itinerarios de pago cuya gestión ha decidido asumir el Estado por la situación de insolvencia y liquidación de las empresas concesionarias serán licitados de nuevo. Resta por decidir qué ocurrirá con las nueve autopistas de peaje de titularidad estatal cuyos contratos finalizan en los próximos años. El ministro, Íñigo de la Serna, quiere consensuar su futuro; pero no solo para decidir qué hacer con esas autopistas concretas, sino para elegir el modelo futuro de las infraestructuras viarias españolas. ¿Y la autopista del Huerna? La concesión concluye en 2050 y, según un informe de Fomento, solo se han amortizado hasta ahora el 28,9 por ciento de los 654 millones que se han invertido en ella. Traducido: la eliminación del peaje del Huerna parece a día de hoy un imposible, salvo que se acuerde un pago multimillonario a la concesionaria.
En todo caso, la decisión sobre el futuro de las autovías de peaje no puede demorarse mucho en el tiempo, pues un contrato finaliza ya el 30 de noviembre de este año, el del tramo Burgos-Armiñón, de la AP-1, adjudicado en 1974. El 31 de diciembre de 2019 finalizarán tres contratos más: Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante en la AP-7, y Sevilla-Cádiz en la AP-4. Y en 2021 habrá que afrontar el fin de otros cinco contratos: Barcelona-Tarragona, Montmeló-Papiol y La Jonquera-Montmeló en la AP-7, Zaragoza-Mediterráneo en la AP-2 y Bilbao-Zaragoza en la AP-68.
El Estado tendrá que elegir entre distintas alternativas: mantener los peajes; eliminarlos y que el coste de mantenimiento y conservación de las autopistas sea asumido por las arcas públicas, esto es, por todos los contribuyentes; establecer peajes blandos o peajes en la sombra; aprobar el pago en función de lo contaminante que sean los vehículos; instaurar la euroviñeta ya en vigor en varios países europeos... De la Serna ha decidido abrir este debate y un proceso negociador para elegir alguna de estas opciones u otro distinta incluso. La condición es que el marco elegido ea aplicable a todas las autopistas, una vez que concluyan las actuales concesiones. Lo que De la Serna ya ha advertido es que no habrá más renovación de concesiones a las mismas empresas, como se había hecho hasta ahora.
En cuanto a la autopista del Huerna (AP-66), el hecho de que la concesión se ampliara en el año 2000 hasta 2050 (el contrato inicial concluía en 2021) hace que Fomento no se haya referido a ella hasta ahora. Ello pese a que todas las fuerzas políticas asturianas, incluido el PP, abogan por eliminar el peaje en 2021, tal y como se estableció inicialmente.
El problema radica en el elevado coste de mantenimiento de esta autopista de alta montaña, que hace que se hayan amortizado únicamente 189 de los 654 millones que se han invertido en ella, según un informe de Fomento, a fecha 31 de diciembre de 2016. Esto significa que en ese momento restaba aún por amortizar el 71,1 por ciento de lo gastado. La duda es, según expertos consultados, saber si dará tiempo a amortizar el cien por ciento de la inversión en los 32 años que restan para que concluya la concesión a la empresa Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A. (Aucalsa), del grupo Itínere. Difícil.
Pese a todo, el Gobierno asturiano ya ha anunciado que solicitará la supresión del peaje del Huerna. Una reclamación que podría obtener apoyos en una comunidad vecina, pues ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, no rehuyó el respaldo a la ofensiva iniciada desde Asturias.
Sin prestar un asentimiento entusiasta explícito, Herrera utilizó justo esa fórmula de "no rehuimos el apoyo de esas gestiones ante el Ministerio de Fomento" para responder a la pregunta por su posición sobre el frente que apoyan ya todas las fuerzas políticas asturianas, incluido el PP.
Durante la reunión de presidentes autonómicos en León, Herrera precisó que si esa demanda "procede del Gobierno del Principado no será un frente, sino un proceso de diálogo y de negociación", en el que "algo tendrán que decir el Gobierno central y la empresa concesionaria".
